El presidente Andrés Manuel López Obrador está señalado ante un tribunal como presunto responsable de causar un quebranto de 4 mil millones de pesos al proyecto de desarrollo inmobiliario denominado Las Cañadas que se pretendía y se pretende construir en la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, por parte de empresarios “asociados” con algunos comuneros.

La demanda por 4 mil millones de pesos contra el presidente López Obrador está asentada con el expediente 601/2022 en la Sala Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los promoventes demandan el pago de daños y perjuicios generados por la anulación del acuerdo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo de María Luisa Albores), emitido (oficio DGCD/250/2021) por quien era entonces director general de Conservación para el Desarrollo, Cesar Sánchez Ibarra.

Con ese tramposo oficio se pretendía excluir de la protección ambiental a mil 805 hectáreas del Área Natural de Flora y Fauna de la Sierra de San Miguelito, justamente en los terrenos donde ya se anunciaba la inminente construcción del citado proyecto inmobiliario Las Cañadas, emprendido por los llamados “barones del concreto”.

Los detalles del entramado judicial, político y mediático que busca dar reversa a la protección de la Sierra de San Miguelito fueron difundidos por el portal potosino Astrolabio, bajo la firma del periodista Victoriano Martínez (https://n9.cl/hn89r). Se incluye una grabación de una hora y 14 minutos en la que el principal abogado de los intereses empresariales en juego, Gustavo Barrera López, detalla las gestiones que ha hecho ante jueces y magistrados, e incluso menciona que el tema ha caído en el ámbito de la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte, contrapuesta con el Presidente de la República.

Según la grabación disponible, el abogado empresarial aseguró que el juicio de amparo 1364/2021, radicado en el juzgado cuarto de distrito, tiene un pronóstico favorable (la resolución se daría en septiembre o, a más tardar, en octubre, conforme a una conversación que tuvo con la secretaria proyectista) porque en el peritaje presentado por la Semarnat ésta reconoce que en las mil 805 hectáreas del proyecto Las Cañadas no hay las especies de fauna que se señalan en el decreto presidencial.

Respecto a la demanda contra la Presidencia de la República por 4 mil mdp, dijo el litigante que se reunió con dos de los tres magistrados de esa sala. “Se saben en la sala especializada de memoria el expediente ya y hay muy buen ánimo con ellos”. Se mencionó a Héctor Espinosa Castellanos, nombrado en 2011 por Felipe Calderón como magistrado de la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Héctor es hermano de Patricia, quien fue secretaria de Relaciones Exteriores con Calderón, y de Irene, que fue tesorera de la Federación nombrada por Calderón y confirmada por Enrique Peña Nieto; ahora es subgobernadora del Banco de México (https://n9.cl/acv1d).

Actualmente, Héctor Espinosa es magistrado de la sala especializada en materia ambiental y de regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, junto con Mariana Mureddu Gilabert y Rosalva Bertha Romero Núñez.

El optimismo de los empresarios es amplio: planean “meterle” 20 millones de pesos a los trámites, revivieron el proyecto Cañadas, con una estimación alegre de las ventas a realizar, y aseguran que el gobierno estatal de Ricardo Gallardo tiene también proyectos millonarios en la zona y por eso es importante acelerar la anulación del decreto y consideran ya un hecho que el decreto presidencial será anulado, que el gobierno federal deberá pagar los 4 mil millones de pesos o sería embargado y ello obligaría a Palacio Nacional a una “negociación” en 2024. ¡Hasta mañana!

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