Cuernavaca, Mor., La Fiscalía General del Estado, a cargo de Uriel Carmona Gándara, se niega a entregar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión el expediente del asesinato del comunicador y luchador social Samir Flores Soberanes, informaron Samantha César y Jaime Domínguez, integrantes del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
“La FGE se está negando a que se lleve el caso a la Fiscalía Especial de Delitos de Libertad de Expresión. Estamos en un momento complicado: la fiscalía especial acordó que iba hacer todo lo necesario, pero nos preocupa la negativa (de la FGE)”, reprocharon los activistas.
Señalaron que esto “demuestra una vez más todo lo que hemos denunciado acerca de que en la FGE hay inacción y ocultamiento de la investigación del asesinato de nuestro compañero Samir Flores”, perpetrado el 20 de febrero de 2019.
Probaría “complicidad”
Samantha César manifestó que les preocupa esta situación “porque se está ocultado información y la FGE no quiere que se vaya a otro lado (el caso), porque se va a demostrar no sólo la inacción de la fiscalía, sino también la opacidad y su participación en el crimen como cómplices en el homicidio de Samir”.
Recordó que el pasado 28 de junio miembros del frente protestaron fuera de la Fiscalía General de la República para exigir que la fiscalía especializada atrajera el caso del asesinato del también locutor comunitario, cometido fuera de su casa, en el poblado de Amilcingo, Temoac, de donde era originario.
Consideraron que con crimen de Flores Soberanes, además de que se atentó contra su libertad de expresión, también se afectó la organización de la lucha que mantienen varias comunidades del oriente del estado contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), que consiste en dos termoeléctricas en Huexca, municipio de Yecapixtla, un acueducto y un gasoducto.
En esa ocasión, según Samantha César, en la FGR les dijeron que iban a solicitar la atracción, pero la FGE les respondió que por tratarse de “una acción penal” no podía ser atraída por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
