Monsanto pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga la revisión del amparo que ganó en primera instancia contra el decreto que prohibió el uso de glifosato en el territorio nacional por los riesgos para la salud. La trasnacional afirma que de revertirse la decisión que le otorgó un juez federal, se pondría en riesgo la autosuficiencia alimentaria del país.

La empresa combate el decreto presidencial publicado el 31 de diciembre de 2020 para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato y la producción de maíz genéticamente modificado y, en su lugar, buscar alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas para mantener la producción de alimentos.

Desde que fue publicado, Monsanto promovió un amparo en contra de este ordenamiento, el cual ganó en primera instancia en julio de 2022.

Según el juez Francisco Javier Rebolledo Peña, titular del juzgado sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, el decreto no fue sustentado legalmente pues, aunque aceptó que se le presentaron muchos documentos científicos sobre los efectos nocivos del glifosato y el maíz transgénico, éstos no dan base jurídica a la prohibición presidencial.

El gobierno federal impugnó la decisión del juez Rebolledo ante el cuarto tribunal en materia administrativa, con sede en la capital del país, ante lo cual Monsanto pidió a la SCJN que reasuma su competencia y resuelva este caso, ponderando el interés económico sobre los derechos ambientales.

“Esta resolución implicaría un criterio relevante al sistema jurídico nacional, el definir los parámetros relacionados con los deberes del Estado mexicano frente a la protección al derecho del medio ambiente y la salud de las personas, en contraposición de su deber de garantizar el desarrollo económico y la suficiencia alimentaria en el país”, señala en su escrito la trasnacional.

En 2015 la Suprema Corte resolvió un primer caso similar, en el que concedió amparos a comunidades indígenas de Yucatán que denunciaron que no fueron consultadas para permitir la siembra de soya transgénica.

Recientemente, en octubre de 2021, la primera sala avaló la suspensión otorgada en un juicio de amparo para evitar la liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado.

Sin embargo, esta será la primera vez en que la Corte deberá pronunciarse sobre una norma de carácter general y de aplicación nacional para prohibir el uso de transgénicos, además de revisar la decisión de un juez que invalidó dicho decreto.