Incompleta, en contradicción con las estadísticas de las entidades federativas; tardía además, es la información sobre el número de fallecidos en el país por la ola de calor, la más grave del siglo. Hace dos semanas, las autoridades sanitarias aseguraron que por las altas temperaturas los muertos eran mínimos. No llegaban a 10 y, comparada con los de años anteriores, la situación menos grave. En cambio, el gobierno de Tamaulipas señalaba la muerte de más de 60 personas por dicha ola. Mientras en otras entidades también reportaban cifras que echaban por los suelos el reporte de la Secretaría de Salud expuesto en una mañanera.

El miércoles, finalmente, dicha dependencia informó que la tercera ola de calor dejaba 112 decesos hasta el 25 de junio: 64 en Nuevo León, 19 en Tamaulipas, 15 en Veracruz, cinco en Tabasco, cuatro en Oaxaca, dos en Quintana Roo y en Sonora, y uno en Campeche. Para mostrar las contradicciones de las estadísticas federales y las estatales, requeriría más espacio. Apunto una: según la fiscalía de Nuevo León, en junio murieron 850 por golpe de calor. Cabe señalar que no existen datos confiables de los fallecidos en las zonas más apartadas del país, en las que la presencia del sistema de salud es virtualmente inexistente, como en Oaxaca, Chihuahua y Guerrero. En esta última entidad, el noticiario En Punto, de Televisa, mostró cómo un pequeño moría camino a un lugar donde pudiera recibir atención médica.

A los fallecidos reales, se suma la sequía: más de 70 por ciento del territorio nacional registra algún grado. Y aunque como suele ocurrir son la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Durango y Tamaulipas los más afectadas durante buena parte del año, ahora todos los municipios de Querétaro, Aguascalientes y Baja California padecen sequía. Sus reservas de agua, en mayor estado crítico por la falta de lluvias, las cuales no se dejaban sentir en Colima desde hace ocho meses. Llegaron gracias a la tormetnta Beatriz. Esa escasez igualmente afecta a San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco. No hay entidad a salvo y este año el promedio de lluvias es el más bajo de que se tenga registro.

Mientras el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se vanagloria porque la entidad a su cargo destaca mundialmente por el arribo de inversiones multimillonarias, Abraham Nuncio muestra en sus textos en La Jornada, la otra cara de la moneda: beneficios crecientes para el gran capital nacional y extranjero y carencias de todo tipo para la mayoría de la población.

Bien harían las instancias oficiales en informar sobre lo que la falta de agua potable en los hogares y centros de salud impacta en la economía de millones de familias y en el gasto público, al tener que adquirir en el mercado un bien de la nación y a un alto costo. Especialmente para 50 por ciento de la población que es pobre y muchísimo más para los 12 millones de habitantes que no reciben el líquido en sus hogares. Un garrafón de 20 litros, a 53 pesos, cuando según la Organizacion Mundial de la Salud, el promedio mínimo que requiere cada persona diariamente asciende a 100 litros.

También sería bueno conocer cálculos de cuánto gastaron las familias en ­atender a quienes en su entorno sufrieron deshidratación. Lo que erogó el sector salud en los que fueron internados por su estado crítico. Y, si es que todavía existe la Secretaría de Educación Pública, algún dato sobre la baja en el rendimiento escolar por tener a millones de alumnos y a maestros en salones inadecuados para sortear las altas temperaturas. Y cuando ninguna escuela pública o privada, ninguna universidad o tecnológico dispone de agua potable.

Continúan las altas temperaturas en buena parte del país y persiste una injusta distribución del agua. A la par, comienzan las inundaciones por la lluvia que traen los huracanes y las tormentas tropicales. Como cada año, miles de damnificados y daños en la infraestructura pública, la población más desamparada y en la economía. Evitables si se contara con un programa para prevenir los desastres naturales, muchas veces fruto de la desidia gubernamental, los intereses económicos y la pobreza de la población.