Ciudad de México. Desde su incorporación a las tareas de reconstrucción, el Instituto de Vivienda (Invi) ha buscado imponer la modificación de proyectos en los inmuebles afectados por el sismo de 2017, en los que se pretende edificar departamentos con una superficie menor a la acordada o entregarlos en obra negra, lo que ha derivado en el malestar de damnificados y en la ejecución de recursos legales en contra del gobierno capitalino por el incumplimiento en las obras.

Destaca el caso de Pitágoras 316, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, donde desde febrero de 2021 empezó la demolición de un edificio que a la fecha no ha concluido, pero en total son 27 los predios en los que hay retraso en el inicio de las obras y construcciones detenidas, así como inmuebles concluidos con vicios ocultos.

“En la mitad de casos llevamos casi seis años en los que a todos nos dicen lo mismo: ahora sí para tal fecha comenzamos, pero lo cierto es que sacaron a la gente, expropiaron, en algunos casos demolieron, asignaron una empresa, se puso una piedra y de ahí no han pasado”, contó Dalia Martínez, afectada del inmueble de Pitágoras.

Comentó que en algunos predios hay quienes han utilizado el terreno para poner un estacionamiento o vallas publicitarias a fin de obtener un ingreso para subsistir, pero en el caso de ella y sus vecinos –la mayoría adultos mayores–, ni eso, porque sólo cuentan con un montón de piedras de lo que fue su patrimonio.

Obstáculos burocráticos

Relató que después de sortear todo tipo de trámites burocráticos, las autoridades modificaron de manera unilateral el proyecto acordado. “Teníamos 109 metros y nos quieren hacer 65, aún con la redensificación que ya habíamos acordado. El Invi dice que sólo tiene capacidad para eso, y si quieres más lo debes pagar con un crédito a 30 años, cuando tienen planeado hacer más departamentos en el suelo de nuestra propiedad”, explicó.

Dijo que junto con 11 de 28 vecinos que lograron obtener un convenio de mediación, en el que el gobierno se compromete a regresarles su departamento en los términos del proyecto entregado, están por ejecutar la acción legal en el Centro de Justicia Alternativa para que se cumpla con lo acordado.

Desde enero de 2023, cuando por decreto se transfirieron las funciones de reconstrucción al Invi, se habló de que se respetarían las condiciones prexistentes, pero en la práctica se está obligando a los damnificados a firmar convenios modificatorios para continuar con las obras.

A los que lograron ingresar su proyecto con el metraje original con redensificación les están informando que les van a entregar el edificio sin acabados, sólo con la puerta principal. Otros que ya están en obra, la Comisión para la Reconstrucción dejó de pagar a las empresas y éstas demandaron a los damnificados, y a los pocos que lograron ver concluido su edificio se lo entregaron con vicios ocultos.