Existe una hiperregulación de los procesos electorales de nuestro país. Menciono algunos de los dispositivos normativos del sistema electoral mexicano: las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, General en Materia de Delitos Electorales y General de Partidos Políticos, así como las leyes Federal de Consulta Popular y Federal de Revocación de Mandato. También existen varios reglamentos −incluso más extensos que las propias leyes− que regulan distintas materias en el ámbito electoral, por ejemplo: la fiscalización, los procedimientos sancionatorios, las quejas y denuncias en diferentes áreas y la actuación interna del INE. Sumados a esta normativa, se encuentran las decenas de acuerdos y lineamientos que emite el Consejo General del INE.

La sobreabundancia de legislación electoral es resultado de la falta de confianza. En México, los fraudes y las prácticas ilícitas durante las elecciones llevaron a una excesiva regulación. Después de cada votación surgía la necesidad de una reforma electoral. Ejemplo de lo anterior se dio después de la presidencial de 2012, marcada por un excesivo gasto a favor del candidato que resultó ganador y que incluso la Cámara de Diputados determinó que se había rebasado el límite de gastos de campaña en 13 veces más de lo permitido por la ley. Como respuesta a esto, se puso en marcha una reforma que dio origen en 2014 a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la cual estableció sanciones hasta de 15 años de prisión para conductas relacionadas con el financiamiento ilícito a campañas electorales.

El cumplimiento de la ley se ha evadido con múltiples argucias legales. Los controles normativos excesivos estimulan que los actores políticos encuentren “lagunas legales”, y esto ha permitido implementar trampas para evadir la aplicación de las leyes. También, el exceso de legislación impide el conocimiento de los textos jurídicos. Por ejemplo, en la Fiscalía Electoral se presentan decenas de denuncias sin datos de prueba para judicializar los asuntos, lo cual alenta las indagatorias, ya que los denunciantes desconocen la legalidad en materia “penal-electoral”. Las consecuencias de esta hiperregulación electoral son contrarias a la naturaleza misma de la competencia política, que requiere de libertad y falta de controles excesivos. Estamos ante una legislación viciosa, deforme y superextensa, es como ponerle puertas al campo. Es de esperarse, pronto, una rectificación que haga que los procesos electorales se ciñan más a la necesidad de libertad.