Ambas empresas fueron sentenciadas a desaparecer por las políticas públicas de los últimos gobiernos del PRI y del PAN. El crimen no se concretó, afortunadamente. No sabemos si en realidad estaban en la disposición de despojar al pueblo mexicano de las empresas clave de primer orden en el desarrollo de la industria energética.

Por ser dos rubros fundamentales en la estabilidad económica, estas dos fuentes imprescindibles de energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) son, directa o indirectamente, el pilar del desarrollo de todas las áreas de la vida nacional.

En el aspecto político, una empresa que aporta un alto porcentaje en el presupuesto nacional, como lo son la CFE y Pemex, es de importancia estratégica y, al mismo tiempo, motivo de voracidad y ambición por aquellos funcionarios sin ética, dispuestos a privatizar hasta el último activo de las paraestatales.

Esta realidad fue alimentada por las reformas estructurales neoliberales, las que estuvieron a punto de provocar un colapso en la economía del sector energético. Por fortuna, el rescate, tanto de la CFE como el de Pemex, por parte del actual gobierno, ha tenido importantes avances. Aunque faltan algunas asignaturas que deberán, tarde o temprano, revisarse y resolverse; por ejemplo, la corrupción y antidemocracia en el sindicato petrolero, cuyos líderes no han rendido cuentas.

Y, por otro lado, es todo un reto enfrentar a los empresarios nacionales y extranjeros que continúan en su empeño de convertir los recursos naturales no renovables, como los hidrocarburos, por ejemplo, en una fuente de riqueza para saquearla.

Es por esa razón que la cultura de la transparencia en las finanzas y gestiones comerciales se proponga como una condición de exigencia en todos los ámbitos. Es, de hecho, un código de disciplina, una llave de control, técnico y de políticas públicas.

Y, cuando la población usuaria recibimos golpes injustificados e inaceptables, como la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), debemos rechazarlos desde nuestros derechos sociales. Este fue un acto ilegal y mañoso cuyo factor sorpresa fue el sello de los futuros recordatorios de la imprudencia y el abuso del poder de presidentes como Felipe Calderón Hinojosa y los otros jefes del Ejecutivo, desde Miguel de la Madrid Hurtado hasta Enrique Peña Nieto.

En este acto de barbarie en contra de la clase obrera se violaron los principales artículos que la protegen, empezando por el Artículo 123, y todos fuimos afectados. Perdimos la valiosa fuerza de trabajo de más de 40 mil personas, su experiencia como obreros calificados, como expertos en el área y, además, perdimos la estabilidad económica de centenares de familias cuyos recursos económicos fueron suspendidos sin miramientos, en forma ilegal y sin pensar en los daños a la salud, emocional y sicológicos. No obstante, fue una muestra de lo que es el neoliberalismo. En resumen, fue la fuerza de la barbarie.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó el atentado en contra de la LyFC por parte de Calderón y su política de represión y saqueo. Se ha buscado la justicia para las víctimas del multiatentado a la clase obrera en 2009. Multiatentado porque la agresión vino de un presidente usurpador de la Presidencia, por su clara fobia a la verdad, a la población de escasos recursos y por su abierta anticonstitucionalidad. Con estos antecedentes, nos preguntamos por qué no ha sido llamado a rendir cuentas.

Para la recuperación de la CFE, el jefe del Ejecutivo presentó la reforma eléctrica a través de la ingeniera Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, ante la instancia legislativa correspondiente. El objetivo inicial sería otorgar a la empresa nacional 56 por ciento de la producción de electricidad. En el último sexenio neoliberal se benefició a las empresas privadas, a las que se permitió la producción de 62 por ciento de la producción total.

La recuperación de la CFE dio pie el apoyo decisivo a la construcción de la refinería Olmeca, la cual permitió el suministro, a bajo costo y sin retrasos, de la electricidad necesaria para su conclusión. Se espera que el primer barril de combustible se entregará al pueblo mexicano en las próximas semanas.

Es importante resaltar que el acceso público a la energía eléctrica, prácticamente en todo el país, se lleva a cabo con estándares internacionales vigentes, con la probada calidad, la seguridad y confiabilidad necesarias. Los instrumentos para mantener dichas características es a través de los servicios al cliente, con mediciones más certeras con la pronta conexión de los servicios, además de una mejor planificación y la construcción necesaria de sus inmuebles y zonas de trabajo.

Con un presupuesto inicial de 47 mil 200 millones de pesos para la construcción de la refinería Olmeca, la planificación de la obra y la optimización de recursos monetarios presentó cambios necesarios. Fueron varios factores que exigieron la modificación del presupuesto inicial. Algunos de esos cambios fueron el aumento internacional del precio del barril de crudo, la pandemia inesperada de covid-19, muy costosa en vidas y en recursos financieros.

Sin embargo, lo importante son los resultados. Éstos son positivos desde cualquier punto de vista. El tiempo utilizado en la construcción de la refinería Olmeca ha sido excepcional. En cuanto a la refinación, tenemos la certeza de que estaremos consumiendo el combustible nacional que traerá más beneficios que perjuicios en el ámbito económico.

Ambas empresas proveedoras de energía (Pemex y CFE) han potenciado sus actividades en beneficio de la población, de la industria energética nacional y de la recuperación de la soberanía energética.

Twitter: @AntonioGershens