Zacatecas, Zac. El estado de Zacatecas se encuentra sometido a diversas dinámicas criminales en su territorio de 75 mil kilómetros cuadrados: en la sierra Madre Occidental que comparte con Durango y Jalisco, “se sigue cosechando amapola y marihuana”, mientras que en otras regiones, “pequeños grupos criminales operan como franquicias de organizaciones nacionales”, practicando distintas actividades delictivas como el narcomenudeo, el secuestro, la extorsión, el cobro de piso y la trata de blancas para generar ganancias; y en la zona centro donde se ubican las tres principales ciudades, Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, así como en los cañones, “las grandes organizaciones delictivas del país”, es decir el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, “se disputan la lucrativa ruta del fentanilo”.

Este es el diagnóstico que el diputado Ernesto González Romo (Morena), presentó el pasado mes de junio ante el pleno de la legislatura, como parte del Plan Integral Parlamentario de Seguridad Pública, proyecto legislativo de más de 200 páginas, que él cataloga, como “la mayor agenda de seguridad que se haya presentado en el Congreso del Estado de Zacatecas”, con la que se busca contener y reducir la crisis de violencia e inseguridad del estado.

Porque a pesar de los esfuerzos de combate a las acciones de los grupos delincuenciales implementados recientemente, por los tres órdenes del gobierno, se admite en el dictamen, “no obstante, en los últimos cinco años, la violencia reflejada en la comisión de delitos, sobre todo en los de alto impacto como el homicidio, se ha disparado incrementándose en más de 270 por ciento”.

“Asimismo, la tasa de homicidios en el territorio estatal ha pasado también en un lustro de 17 a 64 casos por 100 mil habitantes. Desde luego la variedad de actos delictivos que se cometen abarca un espectro más amplio pero estas cifras muestran con claridad la gravedad de las condiciones en las que actualmente nos encontramos en Zacatecas”.

En este escenario, la iniciativa de reformas legislativas presentadas por el legislador de Morena, que se espera sea aprobada por el pleno del Congreso por unanimidad, se plantea sea implementada gradualmente en un periodo de cuatro años –tiempo que le resta de gestión al gobierno de David Monreal Ávila-, y requiere de una erogación de 5 mil millones de pesos del presupuesto estatal.

En entrevista con este diario, el legislador González Romo, explicó que su propuesta –que elaboró con la asesoría de un grupo interdisciplinario de especialistas-, contempla “15 bloques de iniciativas que se traducen en más de trescientas modificaciones a nuestra legislación en materia de seguridad, justicia y prevención social del delito, reformando la Constitución Política del Estado, once Leyes y Códigos de la Entidad, ordenando la expedición de dos nuevas Leyes y la abrogación de una”.

Las propuestas incluyen: la creación de una sola corporación de seguridad pública, la Guardia Estatal; crear un Padrón Vehicular Confiable, donde sea obligatorio para todos los vehículos el emplacamiento, incluidos los autos de procedencia extranjera, y la eliminación del pago de la tenencia vehicular. También un plan de austeridad y ahorros al erario, que considera la eliminación de pensiones a ex magistrados.

Otra de las propuestas es que la Policía Ministerial queden bajo el mando directo de los Ministerios Públicos, y dejen de depender de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, y también se plantea una reforma de fondo, a éste órgano autónomo

En la Fiscalía local, “las cosas no marchan adecuadamente. Durante el último informe de actividades del titular de este organismo, pudimos observar que de acuerdo a los datos propios del ente encargado de procurar justicia, existe en la entidad una escalofriante impunidad del 99.3 por ciento, en la investigación de homicidios dolosos”.

Además, se propone una nueva ley de reinserción social de delincuentes recluidos en los centros penitenciarios, que específicamente plantea: “fomentar en los internos el valor del esfuerzo: los reos tendrán un día menos de condena siempre que demuestren que realizaron jornadas de disciplina y trabajo”.

“Se prohibirá que los internos reciban pago alguno por sus jornadas laborales. Los ingresos que reciban serán para pagar las pensiones alimenticias que estén obligados a proveer y para cumplir con las reparaciones del daño causado a las víctimas de sus delitos”.

Asimismo, se prevé crear un moderno proyecto de video vigilancia en las principales ciudades de la entidad, y la implementación de la denominada “Ley García Luna”, que buscará aumentar las penas y sanciones de servidores públicos, que cometan actos de corrupción.

“Durante los últimos años, las autoridades de Zacatecas han simulado, han abandonado su responsabilidad en el tema de la seguridad y han dejado que la federación se encargue del asunto, mientras que la Federación está ocupada en defender la seguridad de las entidades más pobladas y con mayor actividad industrial”.

Por ello finaliza el diputado Ernesto González Romo: “basta de mirar a otro lado, basta de simular, basta de evadir la responsabilidad, necesitamos un cambio de fondo y nadie vendrá a rescatarnos, ese cambio lo tenemos que construir los zacatecanos”.