Tuxtla Gutiérrez, Chis., Tres de los 16 empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que fueron secuestrados el martes pasado y liberados la tarde del viernes, aún son atendidos en el sanatorio Muñoa, en Tuxtla Gutiérrez, informaron fuentes de Seguridad.
Aunque no dieron los nombres de quienes siguen internados, señalaron que se trata de aquellos que padecían con anterioridad alguna enfermedad y necesitan seguimiento a sus tratamientos; algunos de los otros 13 hombres sólo tuvieron problemas de deshidratación.
“No quieren hablar, pero están bien”
En tanto, el grupo de trabajadores de la SSPC y sus familiares acordaron no hacer más declaraciones a los medios por motivos de seguridad. “No quiere hablar, pero está bien”, señaló a La Jornada el allegado de uno de los liberados. “Parece que les pidieron discreción y aparte tienen miedo”, refirió otra persona.
Mientras continúa el operativo de las fuerzas de seguridad federal y estatal en los municipios de Ocozocoautla, Jiquipilas, Cintalapa y Villaflores para localizar a los presuntos secuestradores. La Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones correspondientes.
Los empleados estatales fueron privados de la libertad el 27 de junio por hombres armados en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Ocozocoautla cuando viajaban en un autobús oficial del cuartel de la Policía Estatal Preventiva, ubicado en el antiguo aeropuerto de Llano San Juan.
En videos difundidos en redes sociales, el martes y miércoles, los captores condicionaron la liberación de los servidores públicos a la destitución de Francisco Javier Orantes, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; Roberto Jair Hernández, director de la Policía Estatal Fronteriza y Marco Antonio Burguete, director de la Policía Estatal Preventiva, quienes, según fuentes policiales, hasta ayer seguían en sus cargos.
En una grabación que circula en Internet, los criminales también exigieron presentar con vida a la cantante Nayeli Cyrene Cinco Martínez, levantada en su casa, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, la noche del 22 de junio. Hasta ayer no había información sobre su paradero.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo que “estará pendiente del seguimiento sicológico y médico de los liberados y de sus familiares”.