Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado mexicano debe reparar el daño, reconocer su responsabilidad por la violación sexual a un niño cometida en 2006 en el Instituto San Felipe, de Oaxaca, cuando tenía cuatro años de edad, y ofrecer una disculpa pública por el hecho, Leticia Valdés Martell, madre de la víctima, pidió a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como al gobierno de dicha entidad, responder al requerimiento.

En conferencia de prensa, explicó que la “solución amistosa” a la que insta la CIDH “sólo se puede llevar a cabo si hay una respuesta positiva del gobierno de Oaxaca”, a cargo de Salomón Jara Cruz, quien –dijo– cuando fue legislador expresó respaldo al caso.

Apremió a “que se tenga la buena voluntad. Como mamá y como mujer ruego a la señora Beatriz Gutiérrez Müller (…), de la misma forma a Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores; a Luisa María Alcalde, y al gobernador que por favor ya se resuelva este asunto”.

El 30 de marzo pasado, la CIDH comunicó a Valdés Martell y a sus abogados que envió una recomendación al Estado mexicano con la propuesta de iniciar un proceso de “solución amistosa”, y le otorgó un plazo de cuatro meses, prorrogable a seis, para dar satisfacción a ese requerimiento.

Mencionó que el documento llegó a la cancillería, pero en Gobernación, instancia que debe dar cumplimiento a la recomendación, no se había confirmado la recepción hasta la semana pasada.

Dijo que en este caso ha prevalecido la impunidad, pues sólo una de las involucradas cumplió una pena de cuatro años y los otros dos nunca fueron juzgados.