Sin lugar a dudas, el magisterio nacional fue un protagonista principal en la expulsión del Prian del poder presidencial, y como consecuencia, de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a esa instancia de gobierno. Fueron las maestras y maestros aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación los que se opusieron y enfrentaron las políticas neoliberales en varios aspectos; todo ello, reconocido por el propio Presidente. Históricamente, las profesoras y profesores han jugado un papel protagónico en la lucha por justicia social y democracia en este país. Al contrario, la élite charril que hoy está enquistada en la dirección del Comité Ejecutivo Nacional, siempre se ha acomodado al poder político en turno. Recordemos que esos, a quienes una parte de este gobierno arropa, son los mismos que hace cinco años atacaron al hoy Presidente e impulsaron el voto a favor del abanderado priísta, ¿será que no hay memoria histórica?
La 4T pudiera argumentar que el camino hacia la democratización de los sindicatos se impulsó haciendo efectivo el capítulo 23 del T-MEC y que luego se cristalizó en la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019, así como en la modificación a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
En abstracto, pudiera pensarse que con la instauración del voto personal, libre, directo y secreto habría un avance sustancial en la democracia sindical; no obstante, eso no ha sido así. Paradójicamente, para lo que ha servido es para legalizar y legitimar a las mafias que desde hace mucho tiempo tienen secuestrados a los sindicatos. En el caso específico del SNTE, el instrumento que les ha permitido profundizar la antidemocracia y la exclusión es el Reglamento para la Elección de Directivas Seccionales. Es un documento con la más fiel tradición priísta, descaradamente tendencioso y unilateral, donde absolutamente todo lo controla un ente, que es al mismo tiempo juez y parte. Por ejemplo, impone sólo tres días para registrar planillas. Por cierto, en el reciente acto de simulación electoral en la sección 9, los charros ya tenían listas sus planillas en el momento que apareció la convocatoria, debido a que anticipadamente contaban con la información, pero sobre todo, porque sus procedimientos son por dedazo, colocando a personajes de la burocracia sindical que tienen décadas sin pisar un salón de clases. El reglamento restringe la participación abierta de las maestras y maestros a cargos sindicales; otorga “poder” (al charrismo) para determinar qué planillas cumplen los requisitos y quiénes no; también define el tiempo y el tipo de difusión que se pueden realizar; de igual manera, los faculta para designar a los funcionarios sindicales que instalan casillas, controlan las mesas de votación, cuentan y declaran a los ganadores de la elección. Del mismo modo, tienen la facultad de suspender la votación o declararla nula según criterios muy discrecionales. Reciben las impugnaciones y juzgan si son procedentes. Ni el viejo IFE tenía tantas autofacultades.
No nos sorprende que el charrismo sindical tenga esas prácticas; lo verdaderamente increíble es que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje lo haya validado y legalizado con el visto bueno de la Secretaría del Trabajo.
Hay otros factores que han contribuido sustancialmente a legalizar y legitimar la antidemocracia sindical: a) no hay “piso parejo” para los participantes, pues las planillas charras hacen uso faccioso de nuestras cuotas sindicales. En la sección novena, el charrismo organizó fiestas, comidas, rifas de automóviles, bailes, etcétera, antes, durante y después del circo electoral, dilapidando millones de pesos; b) el charrismo cuenta con gente liberada de tiempo completo, mediante “comisionados sindicales”, cuyo salario es pagado con nuestras cuotas, o realizan la maniobra de adscribirlas laboralmente en direcciones o supervisiones para que reciban salario de la SEP, pero se dedican a establecer relaciones clientelares; c) la estructura oficial funciona en buena parte como estructura sindical, es decir, muchos directivos utilizan el cargo para presionar a los docentes a votar por las planillas charras. En la pasada farsa de comicios de la sección novena, se citó a los docentes en la escuela o supervisión y de ahí al centro de votación.
En esas condiciones es fácil entender por qué de los 45 relevos seccionales que hasta ahora se han dado en el SNTE con el voto personal, libre, directo y secreto, en 43 el charrismo ha mantenido el control sindical.
El caso de la sección 9 de la Ciudad de México es sui generis; es, sin lugar a dudas, la más agraviada sindicalmente en el SNTE. Tiene 27 años que no se eligen comités delegacionales y 25 que no hay libre elección de comité seccional. La apuesta del charrismo fue aniquilar cualquier rastro de resistencia, pero hoy, como en 2008, se equivocaron. A diferencia de lo que creyeron, la construcción desde abajo de la planilla Roja Democrática 9 logró movilizar a miles de maestros y maestras, encaminándose a ganar la elección del 14 de junio. Por eso, bajo argucias burocrático-administrativas, la cúpula charril encabezada por Alfonso Cepeda decidió, en el último momento, excluirla.
De manera vertiginosa, hace dos días El Tribunal Federal de Conciliación de Arbitraje otorgó la toma de nota al comité charro, lamentable decisión que confirma que en este sexenio no sólo no se exterminó al charrismo, sino se le crearon condiciones para otorgarle legalidad y legitimidad. La CNTE y el Movimiento Democrático de la sección novena seguirán exigiendo la anulación de la farsa electoral y la reposición sin exclusiones ni trampas.
* Director de la escuela primaria Leonardo Bravo
