Distintas organizaciones se manifestaron ayer afuera del Instituto Nacional de Migración (INM) en la Ciudad de México para exigir justicia por la muerte de los 40 migrantes en la estancia de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo pasado.

Gabriela Hernández, directora del albergue Casa Tochan, reprochó la impunidad en la que permanece el caso, a tres meses de los hechos, y que sigan violentándose las garantías fundamentales de los migrantes. “Las extorsiones contra ellos siguen, no importa que tengan un documento oficial”, denunció.

Condenó también que no exista un plan de atención para las personas que está deportando Estados Unidos hacia México, bajo la política migratoria Título 8. “Nos estamos quedando con la gente que están deportando y sin ningún programa de atención, ellos están totalmente a su suerte. Nuevamente la sociedad civil es la que tendrá que ver las posibilidades para darles refugio”, lamentó.

Como parte de la primera jornada de acción del Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia, afuera de la entrada principal del INM las organizaciones colocaron flores y veladoras, así como fotografías de las personas que fallecieron.

Igualmente hubo un tendedero con denuncias y apoyo a migrantes en el que se colocaron mensajes como “La migración es un derecho humano”, “La detención migratoria mata”, “Migrar no es un delito” e “Ignorados nunca más”.

Las manifestantes, entre ellas también integrantes de la organización Las Vanders, denunciaron que durante la protesta el INM decidió suspender sus servicios sin ningún motivo, y ante ello algunas personas que tenían que realizar trámites expresaron su molestia.

“Que cierren porque estamos aquí es una irresponsabilidad, porque hay entradas laterales”, acusaron las organizaciones y exigieron que las personas fueran atendidas.

La protesta se replicó en Tapachula, Chiapas; Guadalajara, Jalisco; Nueva York, Estados Unidos, y otras ciudades. El Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia expuso que la muerte de los 40 migrantes en Chihuahua es la más reciente consecuencia de las políticas migratorias que están imponiendo los gobiernos estadunidense y mexicano.

Exigió cambiar el modelo de gestión migratoria para acabar con la detención y deportación de personas, expandir los mecanismos para solicitar asilo y ampliar la infraestructura para recibir a quienes requieren protección internacional.