Organizaciones se manifestaron afuera del Instituto Nacional de Migración (INM) para exigir justicia por la muerte de 40 migrantes en la estancia provisional migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo pasado.

Gabriela Hernández, directora del albergue Casa Tochan, reprochó la impunidad en la que permanece el caso, después de tres meses de los hechos, y que sigan violentándose los derechos de los migrantes.

“Las extorsiones contra ellos siguen… no importa que tenga un documento, los detienen y los extorsionan”, denunció.

Condenó también que no exista un plan de atención para las personas que está deportando Estados Unidos hacia México. “Nos estamos quedando con la gente que están deportando y sin ningún programa de atención, ellos están totalmente a su suerte. Nuevamente la sociedad civil es la que tendrá que ver las posibilidades para darles refugio”, dijo.

Como parte de la primera jornada de acción del Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia, afuera de la entrada principal del INM las organizaciones colocaron flores y veladoras, así como fotografías de las personas que fallecieron ese día.

Igualmente hubo un tendedero de denuncia y apoyo a migrantes en el que se colocaron mensajes como “La migración es un derecho humano”, “La detención migratoria mata”, “Migrar no es un delito” e “Ignorados nunca más”.

Las manifestantes, entre ellas también integrantes de la colectiva Las Vanders, denunciaron que durante la protesta el INM decidió suspender sus servicios sin ningún motivo, y ante ello algunas personas que tenían que realizar trámites expresaron su molestia.

“Que cierren porque estamos aquí es una irresponsabilidad, porque hay entradas laterales”, acusaron las organizaciones y exigieron que las personas fueran atendidas.

Marceri, migrante haitiano de 29 años de edad, quien acudió junto con compañeros del albergue Casa Tochán, expuso que él se enteró por las noticias sobre el incendio en la estancia del INM en Ciudad Juárez. Por lo que se solidarizó con las personas que como él se ven obligados a buscar nuevos lugares para vivir en otros países.

“El gobierno tiene que hacer un trabajo para que los migrantes tengan más seguridad, protección y más atención”, mencionó en entrevista. “El personal de migración se molesta mucho aunque tengas documentos y le saca plata a la gente”, manifestó.

En una acción con junta que se llevó a cabo en Tapachula, Chiapas; Guadalajara, Jalisco; Nueva York, Estados Unidos, y otras ciudades, el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia expuso que la muerte de los 40 migrantes en Chihuahua es la más reciente consecuencia de las políticas migratorias que están imponiendo los gobiernos estadunidense y mexicano.

Demandó cambiar el modelo actual de gestión migratoria para acabar con la detención y deportación de personas migrantes, expandir los mecanismos para solicitar asilo y ampliar la infraestructura para recibir a los solicitantes de refugio.