Bogotá. El “enorme desafío” que se impuso el gobierno de Gustavo Petro, de cumplir los acuerdos de paz y avanzar hacia lo que llama “paz total”, implica multiplicar esfuerzos para sanar “la gran herida territorial” que cruza todo Colombia, que en más de medio siglo no conoció tiempos sin conflicto armado, dice Gloria Cuartas Montoya, la responsable de la institución encargada de aplicar todas las medidas asumidas por el Estado con ese fin.

Desde hace cinco meses Cuartas es directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Ese acuerdo le valió el Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos, el ex presidente firmante. Sin embargo, desde su firma, en 2016 en La Habana, se avanzó poco y mal, incluso retrocedió durante la administración pasada de Iván Duque.

Geógrafa, feminista y una de las luchadoras por los derechos humanos más reconocidas en los años más cruentos del uribismo, explica los alcances del proyecto paz total.

Como millones de colombianos que han resistido en medio del vendaval, este gobierno apuesta a la esperanza: “Los que veníamos del movimiento social y popular llegamos con mucha esperanza, porque toda la vida aportamos a la construcción de la paz. El país tiene un acumulado muy potente de organizaciones de mujeres, campesinas, indígenas, pacifistas.

“Este nuevo enfoque de paz total está fomentando un proceso de cambios en los territorios y reavivando las diferentes voces y generando vínculos de las fuerzas vivas del territorio: la sociedad civil, las fuerzas económicas, las comunidades indígenas, los consejos comunitarios y los actores armados.”

La alcaldesa de Apartadó

De Cuartas hay mucho que decir. Entre 1995 y 1997 aceptó, a pesar del evidente riesgo, la propuesta de partidos políticos para presentarse como candidata a alcaldesa de Apartadó, en Ura­bá. Asumió el día en que Álvaro Uribe ascendió como gobernador de Antioquia, un periodo que ensangrentó al país como pocos capítulos de su violenta historia.

En la región bananera se trataba de aniquilar todo intento de lucha y sindicalización de las plantaciones trasnacionales. La represión fue brutal y sistemática.

Durante la gestión de fueron asesinados 15 funcionarios de su gobierno municipal y más de mil campesinos y sindicalistas. Un día de febrero de llegaron los hombres de las autodefensas persiguiendo al líder campesino Marino López a la comunidad de Río Sucio. Amarraron a los pocos que quedaban y los obligaron a ver cómo descuartizaban a Marino. Después jugaron futbol con su cabeza.

Gloria Cuartas denunció en todos los tribunales posibles. Diez años después se le concedió razón. El entonces general de la 17 Brigada en Antioquia, Rito Alejo del Río, fue enjuiciado y sentenciado a 30 años (hoy está libre por haberse sometido a la justicia transicional).

Para ella, el análisis de la guerra y sus violencias debe empezar con el análisis del modelo extractivista que se quiso imponer en Colombia desde el siglo pasado.

Avance o estancamiento

–¿En qué punto de avance o estancamiento están los acuerdos de paz?

–Durante los cuatro años anteriores, el ex presidente Duque los hizo prácticamente trizas. Creó organismos paralelos, no activó mecanismos de participación, generó una división muy pensada entre los actores firmantes. Con esto, fue la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la que no dejó morir los acuerdos.

“Petro reorganizó todo y así el área de la negociación quedó bajo la responsabilidad de Danilo Rueda y el de la implementación bajo mi dirección.

“En estos cinco meses empecé, en primer lugar, por recuperar el espíritu político a partir de lo más potente de los acuerdos de paz, que es la participación ciudadana. Veníamos de la eliminación y los asesinatos, el extermino, la ruptura del movimiento popular y social. Eso lo revertimos.

“Lo otro que hemos hecho es activar nuestros dos soportes: la Alta instancia de Mujeres y la Alta Instancia Étnica; ahí está la herida territorial que lleva el país. En las regiones las comunidades indígenas y afro el impacto de la guerra fue desproporcionado.

“También recuperamos un sistema integral de seguridad para la participación política, punto dos del acuerdo. Esto implica que todas las instituciones del Estado se activen para enfrentar a las organizaciones criminales. Esto es porque la paz se firmó con la guerrilla. Pero siguen activos los grupos del narcotráfico, el paramilitarismo, el crimen organizado.”

Anticipa: Petro pondrá en marcha un plan que reconoce la responsabilidad del Estado por acción y omisión el daño infligido a la sociedad; activa mecanismos para una reconversión de la presencia del Estado en los territorios llevando política pública de inversión y seguridad. Eso es poner en el centro la seguridad humana que permita en los lugares de mayor crisis reconvertir los territorios.

Oficialmente, se estimó que hasta 2022 había 70 por ciento en la implementación del Acuerdo Final de Paz. Bajo la conducción de Cuartas se revisa el avance real en estos siete años. “Consideramos que esta cifra no corresponde a las realidades territoriales. En el trabajo de estimación no creo que vaya a superar 50 por ciento de avance acumulado.”

–¿Seguridad humana con la misma fuerza pública que hizo la guerra?

–Fuerzas militares, policías, fiscalía, ministerios del Interior, todos, tenemos que crear un plan de acción que permita enfrentar las estructuras criminales que consolidaron poder político y económico. Y hay decisión política de Petro para hacerlo. Prueba: más de 60 generales de la estructura del poder han sido removidos.

¿Quién se quedó la tierra?

–¿Dónde hay mayor rezago en la implementación?

–Hay que entender el acuerdo de paz como un proceso de transformación del país, no sólo un proyecto.

Cuartas ha admitido que, en el tema de tierras, punto uno de los acuerdos de La Habana, apenas se ha cumplido 10 por ciento de lo pactado.

“Los gobiernos de Santos y de Duque compraron 2 millones de hectáreas en seis años y no se han terminado de repartir. El gobierno de Petro ha formalizado 1.4 millones hectáreas y se han comprado 12 mil hectáreas más para el fondo de tierras.

“Para Petro el primer punto es dónde hay que colocar toda la energía es la tierra y la territorialidad. Hay 16 planes integrales de la Reforma Rural Integral.”

Recuerda que cuando se discutió el tema en La Habana la primera pregunta de los dos bandos fue: ¿quién se quedó con la tierra? ¿Cómo están concentrados todos esos terrenos abandonados por los más de 6 millones de desplazados?

Petro encontró una solución, el catastro multipropósito. “El catastro que entregó Duque sólo tenía 10 por ciento del territorio rural actualizado. Esto oculta perfectamente la concentración de la tierra en manos de las élites y de los cultivos ilícitos mientras la mayoría de los campesinos está viviendo en los parques nacionales.

“Para eso se recuperó el rol político del Instituto Geográfico, que es importantísimo para conocer el estado real de la concentración de la tierra. También es clave para democratizar una información que siempre estuvo manejada por la ultraderecha, que es la que manejaba el instituto. Ahora cualquiera podrá ver el mapa de la gran criminalidad en materia de tierras, agrupada en tres grandes rubros: deforestación, minería ilegal y cultivos ilícitos a gran escala.