Nuestro país está reconstruyéndose políticamente en democracia. El mecanismo autoritario que funcionó durante décadas conocido como el “tapadismo”, esa posibilidad presidencial de ocultar hasta el último momento quién será el sustituto en el Poder Ejecutivo federal se empezó a demoler con la convocatoria que el partido Morena divulgó recientemente.

El Consejo Nacional de Morena, el pasado 11 de junio, acordó que el 6 de septiembre dará a conocer a quien define como su coordinador nacional de defensa de la Cuarta Transformación, quien eventualmente asumirá la candidatura presidencial para los comicios de 2024 de la coalición con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM). Ese día, se presume, estarán listos los resultados de las cinco encuestas que aplicará entre agosto y septiembre, con seis aspirantes: cuatro morenistas y uno por partido aliado. Los seis aspirantes para suceder en el liderazgo de la llamada Cuarta Transformación a Andrés Manuel López Obrador son los más destacados dentro de esos partidos políticos. La abierta disputa interna que inaugura Morena modernizará a los partidos políticos para bien de las futuras elecciones mexicanas.

La convocatoria aprobada es un cambio profundo en la historia de las sucesiones presidenciales, pues prohíbe de manera estricta dos cosas fundamentales: utilizar el presupuesto público para favorecer a alguno de los contendientes y la prohibición de participar o pronunciarse en favor en alguno de los actos convocados por los aspirantes, del Presidente de la República, miembros del gabinete federal legal y ampliado; gobernadores e integrantes de sus respectivos gabinetes; alcaldes y colaboradores de primer nivel, así como coordinadores legislativos de las bancadas federales y estatales de Morena, y dirigentes nacionales y estatales del partido.

De acuerdo con lo que se observa en el modelo aprobado se está apostando por recuperar en el proceso de la sucesión presidencial, la participación democrática de la ciudadanía de todo el país y ya no sólo la opinión y actividad política practicada en las principales ciudades por las élites económicas, sociales e intelectuales. Lejos ha quedado el sistema corporativo que benefició al PRI y al PAN hasta las elecciones locales del estado de México en 2017.

Que los aspirantes del bloque mayoritario recorran, como lo están haciendo, la República respetando las bases de su convocatoria es un avance de modernización democrática imparable en nuestra vida política. Se apuesta por algo totalmente diferente: en el pasado los estatutos partidistas del PRI le otorgaban al presidente de turno la facultad de designar a su sucesor. Las sucesiones presidenciales de 2000, 2006 y 2012 se inscriben, por un lado, en el fraude electoral, y, en la acordada alianza de las élites dirigentes del PRI y PAN por instalar un modelo bipartidista que se apoyaba en el marco corporativo sindical y empresarial nacional, que sólo a las élites dirigentes de esos partidos beneficiaba. Además, de contar con la complacencia de los organismos electorales.

El cambio político ocurrido en México desde 2018 se sostiene en la combinación de triunfos electorales, consenso interno, liderazgo y objetivos claros para el bienestar y la transformación política. Estos cuatro elementos han sido suficientes no sólo para hundir a la oposición, sino para generar progresivamente cada vez más adhesión a un nuevo modelo que pasa por encima de las corruptelas del débil frente opositor partidario, ausente de ideas y liderazgos con reconocida probidad.

En esta próxima sucesión presidencial la tutela que ejerce un sector directivo del empresariado mexicano sobre los partidos del frente opositor es tan fuerte que ni PRI ni PAN, los partidos más tradicionales, están dispuestos a manifestar libre e independientemente sus convicciones. En los últimos cinco años, ambos partidos no sólo han perdido independencia, sino militantes y, lo que es peor: electores. Viven, sin querer darse cuenta una grave crisis interna.

En forma gradual, Morena ha comprobado que para retener el poder en 2024 y seguir impulsando la transformación democrática se requiere de una muy activa maquinaria social sin utilizar ilegítimamente las finanzas públicas ni la fuerza política del Ejecutivo federal y el aparato estatal.

Esta sucesión presidencial constituye, por consiguiente, una prueba magnífica para la discusión democrática y el fortalecimiento de un nuevo modelo partidario de selección de candidaturas. Pareciera ser el fin del “albazo”, “madruguete” y “tapado”, figuras señeras del autoritarismo electoral.

*Sociólogo e Historiador. Investigador titular del IISUNAM