Ciudad de México. Después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado mexicano debe reparar el daño, reconocer su responsabilidad por la violación sexual de un niño ocurrida en 2006 en el Instituto San Felipe, de Oaxaca, cuando tenía cuatro años de edad, y ofrecer una disculpa pública por el hecho, Leticia Valdés Martell, madre de la víctima pidió a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, y al gobierno de dicha entidad, responder al requerimiento.

En conferencia de prensa, Valdés Martell, también pidió la intervención de Beatriz Gutiérrez Müller, coordinación nacional de Memoria Histórica y Cultural de México. “Vengo aquí como madre a suplicarles que, por favor ya no me hagan más tortuoso este camino”.

Añadió que a la “solución amistosa” a la insta la CIDH, “solo se puede llevar a cabo si hay una respuesta positiva por parte del gobierno de Oaxaca”, a cargo de Salomón Jara Cruz., quein dijo que cuando fue legislador expresó respaldo al caso.

Expuso que el plazo está corriendo, “contamos con semanas para resolver este asunto; les suplico, ya son muchos años en esta lucha” y conminó a “que se tenga la buena voluntad. Como mamá y como mujer ruego a la señora Beatriz Gutiérrez Müller (…), de la misma forma a Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, a Luisa María Alcalde, y al gobernador Salomón Jara, que por favor ya se resuelva este asunto”.

El 30 de marzo pasado, la CIDH comunicó a Valdés Martell y a sus abogados que envió una recomendación al Estado mexicano proponiendo iniciar un proceso de “solución amistosa”, y le otorgó un plazo de cuatro meses, prorrogable a seis, para dar satisfacción a ese requerimiento.

Mencionó que el documento llegó a la cancillería, pero en Gobernación, instancia que debe dar cumplimiento a la recomendación, no se había confirmado la recepción hasta la semana pasada.

“La madre de la víctima y su propio hijo, ahora adulto, están de acuerdo en que se busque la solución amistosa, la reparación del daño y la disculpa pública, pero temen que se pierda la oportunidad de dar esta salida consensuada al caso, cuando el entonces niño abusado está cumpliendo en estos días 21 años de edad”.

Por eso, Valdés Martell apeló a la “sensibilidad como mujeres de las dos nuevas titulares en la SRE y Segob” a fin de llegar a esa “solución amistosa”.

Dijo que en este caso ha prevalecido la “impunidad”, pues solo una de las involucradas en el delito cumplió una pena de solo 4 años, y los otros dos, nunca fueron juzgados, pues ·seconvirtieron en prófugos de la justicia, y nunc apisaron la cárcel”.

“La víctima es hoy mayor de edad y su caso ha permanecido en la impunidad durante cerca de 17 años en nuestro país”.

A finales de 2006, Valdés Martell descubrió los abusos sufridos por su pequeño cuando lo llevó al baño y vio que (su hijo), expulsó restos de sangre y de semen y así se demostraría en exámenes de laboratorio.

En los meses siguientes, tras corroborar las agresiones, Leticia presentó una denuncia penal en contra de los perpetradores por los delitos de violación, corrupción de menores, pornografía infantil -los abusos eran videograbados en un salón-, asociación delictuosa y demás que resultaran.

De la averiguación previa 191/DS/2007 se determinó ejercitar acción penal contra la los dueños de la escuela y otra persona más.

“Al final los tres se ampararon y fueron exonerados en un asunto que llegó hasta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en su momento el máximo tribunal decidió ejercer la atracción federal por vez primera en un caso de pederastia que podría estar relacionado con pornografía infantil y una red de abuso de menores.

“La impunidad privó en el caso, que se inició cuando el gobernador de Oaxaca era Ulises Ruiz Ortiz y prosiguió durante los gobiernos de Diódoro Carrasco y Gabino Cué, no obstante la emisión de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la 4/2008”.