El presidente del Senado, Alejandro Armenta (Morena), advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe responder a la brevedad a la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que pide una explicación sobre la violación al artículo 127 constitucional en que incurren los ministros, al percibir salarios y prestaciones millonarias.

“No hay argumento para que la Suprema Corte, que encabeza Norma Piña, violente la Carta Magna y pase por encima de la disposición constitucional de que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente. Si ellos, que son los sujetos depositarios de la justicia en nuestro país, no respetan la Constitución, ¿cómo pueden exigir a los mexicanos que la respeten?”, destacó Armenta.

En entrevista, consideró lamentable lo que ocurre con el Poder Judicial, que al violar la Constitución se coloca en “supremacía jurídica frente a la ley”.

Recordó que la ministra Piña ya pasó antes por encima de la Constitución, al negarle el derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la ley suprema, ya que jamás respondió al escrito que como presidente de la Comisión Permanente le hizo llegar, en el que le pedía una explicación por las amenazas que lanzó en su contra.

Recordó que hace más de un mes le hizo llegar su escrito, pero no ha habido respuesta, pese a que tiene obligación de hacerlo; seguramente, agregó, también va a tratar de evadir el documento del Ejecutivo.

Quitar facultades

José Ángel Gurría, ex secretario de Hacienda y ex secretario de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), consideró que no se han respetado las líneas básicas que generan confianza y estado de derecho, por lo que propuso “quitar facultades al próximo presidente de la República para designar a los miembros de la Suprema Corte”.

Durante su intervención en el foro Cumbre uniendo mentes, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana Ciudad de México, se pronunció también por retirar potestad al jefe del Ejecutivo para designar al fiscal general: “que ya no tenga esa facultad, sino que sea nombrado por expertos, por grupos diferentes, validado por el Congreso para que además participe la sociedad”.

Con información de Bertha Ramírez.