Londres. La justicia británica declaró ayer “ilegal” enviar a Ruanda, nación africana a 6 mil 500 kilómetros de Londres, a solicitantes de asilo llegados irregularmente a Reino Unido, asestando un golpe a este controvertido proyecto del gobierno, que anunció que apelará al Tribunal Supremo.

Tres magistrados del Tribunal de Apelación de Londres revocaron un fallo precedente por considerar que Ruanda no puede ser considerado “un país seguro”.

Según dos de ellos, las deficiencias del sistema de asilo ruandés implican un “riesgo real” de que los refugiados sean devueltos a su país de origen y sufran persecución o tratos inhumanos.

“A menos que se corrijan las deficiencias de sus procedimientos de asilo y en tanto no se corrijan, la expulsión de solicitantes de asilo a Ruanda será ilegal”, afirmaron.

Los magistrados precisaron “que su decisión no implica opinión alguna sobre los méritos políticos o de otro tipo de esta práctica”, al considerar que “esa es una cuestión que compete exclusivamente al gobierno”.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció que pedirá “permiso para recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo” al alegar que “el gobierno ruandés proporcionó las garantías necesarias”.

También Ruanda dijo “discrepar” con la sentencia y aseguró que “sigue plenamente comprometida” con el plan.

El controvertido proyecto, anunciado en 2022 por el entonces primer ministro Boris Johnson fue inicialmente bloqueado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, obligando a abortar el despegue del primer avión en junio del año pasado.

La Alta Corte de Londres lo declaró legal en diciembre, pero el Tribunal de Apelación admitió a trámite este recurso presentado por 10 solicitantes de asilo –procedentes de Siria, Irak, Irán, Vietnam, Sudán y Albania– y la ONG de ayuda a los refugiados Asylum Aid.

Defensores de los derechos humanos acusan a Ruanda, cuyo presidente es Paul Kagame, de reprimir la libertad de expresión y a la oposición.

Más de 45 mil migrantes llegaron irregularmente a las costas inglesas en 2022, un aumento de 60 por ciento respecto a 2021. Más de 11 mil personas lo han hecho ya desde principios de 2023.