Desde su puesta en operación (18 de enero de 2019) no fueron pocas las voces que advirtieron que en su estructura de mando aparecía un nutrido grupo de personeros de gobiernos anteriores expertos en meter la mano al presupuesto federal y hacer pingües negocios a costillas del abasto de millones de mexicanos. Fueron insistentes, pero al parecer nadie hizo caso y las consecuencias resultaron más que previsibles: Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) rápidamente se convirtió en un nido de corruptos dedicados a desfalcar a la nación y especular con las necesidades de millones de personas.

Casi cuatro y medio años después y a poco más de dos de destapada la cloaca en ese organismo público, el presidente López Obrador dijo que se trata de “un hecho muy lamentable; es el caso de corrupción más escandaloso y, considero, el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno; no queremos que quede ninguna mancha, porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción ni la impunidad, porque somos distintos, no pertenecemos a los neoliberales o neoporfiristas, cuyo distintivo principal ha sido la corrupción, y no queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente”.

López Obrador confió en Ignacio Ovalle Fernández –ex secretario particular de Luis Echeverría– por ser quien le ofreció su primer trabajo formal en la administración pública federal (Instituto Nacional Indigenista), pero tras descubrirse el desfalco en Segalmex lo mandó a un cargo en la Secretaría de Gobernación. Aún así, ayer el mandatario reconoció que Ovalle “comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios”, algo inaceptable sobre todo tratándose de un “programa muy bueno” en beneficio de la población económicamente más endeble.

Ante tal panorama, López Obrador reconoce, también, que “nos dolió mucho este fraude. Cuando me informaron, di la instrucción de inmediato que se presentara la denuncia en la fiscalía, desde el inicio. Y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía, o restablecerlos, se crearon durante el gobierno del general Cárdenas, y luego se eliminaron en el periodo neoliberal. Pero son precios de garantía para pagar bien a los productores del campo, sobre todo a los productores de maíz, de frijol, de arroz, de leche; para esto se creó Segalmex”.

En la mañanera de ayer, y por instrucción del presidente López Obrador, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, detalló que en el caso de Segalmex “la cifra de 15 mil millones de pesos que se ha manejado recientemente en la opinión pública como los presuntos montos de irregularidades no es precisa ni tiene fundamento. Como se informó en agosto del 2022, los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con 9 mil 500 millones, de los cuales 6 mil fueron señaladas por la Secretaría de la Función Pública y 3 mil 500 por la Auditoría Superior de la Federación”.

Para el caso es lo mismo: 15 mil o 9 mil 500 millones desviados a fines privados, cuando, por ley, debieron estar al servicio de millones de familias de escasos recursos, aunque, de acuerdo con Salcedo Aquino, “las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización son señalamientos que el ente auditado debe aclarar, por lo que ellas no pueden ser consideradas daños patrimoniales hasta en tanto no se hubiesen agotado las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento daños. Se trata de conclusiones preliminares de lo que los auditores tuvieron a la vista y requieren más información, evidencias, aclaraciones y precisiones para solventarla o dejar en firme una presunta responsabilidad”.

A su vez, el procurador Fiscal de la Federación, Arturo Medina Padilla, resumió que a la fecha se han presentado 69 denuncias ante la Fiscalía General de la República (55 por Segalmex, Diconsa y Liconsa; cuatro por la institución a su cargo; nueve por la Unidad de Inteligencia Financiera y una por la Secretaría de la Función Pública). Por los delitos se han denunciado a 41 ex servidores públicos y 46 dueños, socios, representantes, accionistas y abogados de empresas vinculados a estos hechos delictivos.

Las rebanadas del pastel

Otra que “ya se dio cuenta”: Claudia Ruiz Massieu Salinas se bajó del camión y no participara en el Frente Amplio por México. Pero no todo está perdido, porque anuncia que “seguiré contribuyendo con mis ideas, trabajo y congruencia”. ¡Qué tranquilidad para el país!

Twitter: @cafevega