La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Secretaría de Gobernación (SG) ha atendido 769 casos de tortura en México, pero este delito “se comete en lo oculto y no existe caudal probatorio”, lo cual ocasiona que organismos del gobierno federal y de procuración de justicia estén lejos de la reparación del daño, señaló la titular de esta instancia, Yuriria Rodríguez.

Por lo anterior, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Tortura, en la que participarán 18 dependencias federales, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército, la Marina, la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional Penitenciario.

Se busca “combatir de fondo los vicios y perversiones en el sistema de procuración de justicia”, aseveró el director general de Estrategias y Atención de los Derechos Humanos de la SG, Félix Santana Ángeles.

En el contexto del Día Internacional de Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, celebrado cada 26 de junio, el titular de esta subsecretaría, Alejandro Encinas Rodríguez, detalló que se trata de una estrategia en la que hay un esfuerzo interinstitucional porque este delito requiere de “una acción enérgica coordinada y transversal para erradicarlo, pues por muchas décadas se convirtió en una práctica cotidiana”.

El subsecretario apuntó que por años la policía municipal, la estatal y los propios agentes de los Ministerios Públicos la ejercieron y era una práctica común. “Por ello, es necesario su combate enérgico, poder erradicarla y demostrar que en este gobierno no se tortura absolutamente a nadie; hemos logrado avances significativos, pero aún nos falta mucho por hacer”.

Mano dura

Con el argumento de ejercer mano dura, los servidores públicos de procuración de justicia empleaban la tortura, lo cual realmente “encubría la ineficacia para combatir los delitos y las malas conductas, lo que llevó a una normalización de esta práctica como un método de investigación con el que se trataba de buscar la verdad”, indicó Santana Ángeles.

La titular de la CEAV alertó que se trata de un delito que difícilmente se sanciona porque no se visibiliza y las personas que denuncian lo hacen cuatro o cinco años después de haber sido maltratadas, por lo cual confían en que con esta estrategia nacional –que abarca 66 acciones dirigidas a la capacitación y formación de los servidores públicos– puedan combatir ese flagelo.

Luego de exponer que la campaña contra la tortura se difundirá en redes sociales, Encinas Rodríguez comentó que las personas en conflicto con la ley, como los presos o los indocumentados, no tienen que ser maltratadas ni agredidas, por lo que se pondrá mayor énfasis en las cárceles y en las estaciones migratorias del INM, para que se les trate con dignidad.