Al cumplirse ayer tres meses del incendio en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 40 personas murieron y 28 resultaron lesionadas, organizaciones lamentaron que “el Estado siga sin asumir su responsabilidad” sobre lo sucedido.

Reprocharon que no haya transparencia en las acciones que se están llevando a cabo para investigar y reparar el daño.

Las secuelas del incendio “son permanentes, muchos no podrán volver a trabajar ni movilizarse por sí mismos, lo que se traduce en impactos en sus familias y sus proyectos de vida”, subrayaron Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración y Derechos Humanos Integrales en Acción.

También llamaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) “a tomar las riendas” en la protección de los indocumentados. “El INM, como presunto responsable de la tragedia del incendio, no puede ser quien atiende a las familias, pues esta función es responsabilidad de la CEAV”, subrayaron las organizaciones.

Ejemplificaron que el 16 de junio pasado, “el comisionado del instituto, Francisco Garduño –quien se encuentra en proceso de investigación por el incendio–, se reunió con representantes del gobierno guatemalteco para dar seguimiento a la reparación del daño de sus connacionales, acciones que le corresponden a la comisión”.

Posible coacción

Además, indicaron que agentes de migración “han llevado a las personas a sus citas ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo que podría constituir un proceso de coacción”.

Asimismo, las organizaciones que acompañan a seis sobrevivientes y sus familias acusaron que el INM “los presiona para que dejen de comunicarse con la sociedad civil, condicionando el apoyo que reciben para gastos de estancia en México y atención médica”.

La FGR “debe dejar atrás la simulación y castigar a los verdaderos responsables, comenzando por separar del cargo a Francisco Garduño y no obstaculizar la representación jurídica de los sobrevivientes”, manifestaron.

La tragedia en Ciudad Juárez, “no fue un accidente, sino la consecuencia de la política migratoria” de “contención que criminaliza a las personas”. Ello “no puede ser uno más en la cuenta de casos impunes del Estado mexicano, ni quedar en el olvido”.