Las insólitas revelaciones del presidente ruso, Vladimir Putin, de que el Estado ruso “asumía por completo el costo del grupo Wagner”, el cual entre mayo de 2022 y mayo de 2023 recibió del gobierno cerca de mil millones de dólares, aunados a otros 800 millones por suministrarle alimentos al ejército, obligan a poner en una nueva perspectiva la insurrección protagonizada por el propietario de dicho grupo mercenario, Yevgueni Prigozhin, el pasado fin de semana; como se recordará, el magnate retiró a sus efectivos del territorio ucranio, tomó la ciudad rusa de Róstov del Don y ordenó un avance hacia Moscú que fue neutralizado vía una negociación en la que el presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, fungió de mediador.
La declaración es impactante, en primer lugar porque evidencia la ambigüedad del propio Putin respecto al grupo Wagner: si el viernes pasado, cuando brotó la rebelión, amenazaba con “acciones durísimas” a quienes propinaron “una puñalada por la espalda” a su gobierno, ayer expresó su “respeto a los combatientes y comandantes de ese grupo porque dieron muestras de valentía y heroísmo”. Como se sabe, el mandatario ruso impulsó, desde sus tiempos de funcionario en la alcaldía petersburguesa, la meteórica carrera empresarial de Prigozhin, y ya como presidente siguió auspiciando sus negocios, que se ampliaron del servicio de banquetes a los servicios de seguridad.
Por otra parte, lo dicho ayer por el hombre fuerte del Kremlin expone en toda su crudeza la abdicación del gobierno ruso a un principio basal de los estados modernos: el monopolio de la violencia legítima. Ciertamente, este principio ha sido progresivamente minado por los procesos de privatización de las funciones públicas y que han llegado hasta los servicios de seguridad y las fuerzas armadas.
Como se recordará, las empresas privadas desempeñaron un papel de primera importancia en la invasión y la ocupación de Irak emprendidas por George W. Bush desde marzo de 2003 y que llegaron a sumar unos 182 mil soldados de fortuna en el teatro de operaciones. Otro ejemplo paradigmático de este fenómeno es la proliferación de cuerpos de seguridad privados que han ido desplazando a las corporaciones policiales públicas de tareas críticas de seguridad pública e interior, por no mencionar la transferencia de servicios de inteligencia a corporativos privados.
El riesgo de vulnerar el principio del monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado es evidente: toda empresa privada está orientada a privilegiar, por definición, intereses particulares, en tanto que las instituciones públicas tienen como propósito primordial asegurar el predominio de los intereses de la colectividad; así, entregar recursos militares a corporaciones mercantiles lleva implícito el peligro de que éstas acaben por dirigirlos en contra de las autoridades, como sucedió con la breve sublevación de Prigozhin y sus efectivos. Para finalizar, lo dicho por el presidente ruso constituye un agravio para las fuerzas armadas de su país, por cuanto deja entrever la falta de confianza hacia ellas por parte de su comandante supremo; a estas alturas, no pocos oficiales de Rusia han de estarse preguntando por qué no se destinaron a sus institutos castrenses los multimillonarios recursos que le fueron otorgados a una empresa de mercenarios.
