La añeja disputa por las viviendas de la cooperativa Palo Alto, ubicada en la alcaldía Cuajimalpa, se reavivó, luego de que una magistrada emitió una sentencia para el regreso de 20 de 42 familias disidentes que salieron de la comunidad hace más de 25 años tras intentar vender al mejor postor los terrenos.

La diligencia, a decir de los habitantes, se debe cumplir este jueves, según lo mandatado por la magistrada Ariadna Ivette Chávez Romero, del primer tribunal colegiado de apelación en materias civil y administrativa, quien advirtió que de no permitirles el acceso se usará la fuerza pública y se arrestará 36 horas a quien se oponga.

Los vecinos advirtieron que buscarán ampararse ante esta resolución, pero si no obtienen una respuesta favorable van a movilizarse para impedir el regreso de quienes lo único que buscan es aniquilar la cooperativa, pues en reiteradas ocasiones se les ha ofrecido pagarles la parte social que les corresponde, sin que acepten.

Con una superficie de 4.8 hectáreas de terreno, la cooperativa Palo Alto está situada junto al edificio Arcos Bosques, mejor conocido como El Pantalón, en una de las zonas más exclusivas del poniente de la ciudad y asediadas por las desarrolladoras inmobiliarias.

En este espacio viven 160 familias descendientes de los antiguos trabajadores de las minas de arena que existían en el lugar, quienes después de una larga lucha lograron construir sus viviendas en esos terrenos bajo el modelo cooperativo.

Las familias consideraron que con el retorno de los disidentes resurgiría el conflicto social que se suscitó en 1994, cuando en su intento por tener escrituras individuales generaron la cancelación del registro como cooperativa de vivienda, que dio paso al litigio que, ahora, de nueva cuenta los enfrenta.

Aclararon que reconocen el derecho que tienen los compañeros a sus viviendas, las cuales se encuentran deshabitadas y bajo el resguardo de la cooperativa, así como a la retribución de su parte social, pero ésta, apuntaron, debe hacerse con estricto apego a las bases constitutivas.

“Este ordenamiento pone en riesgo la vida cotidiana de los habitantes, de sus adultos mayores, de sus niños y de la población en general, ya que con el retorno generaría un ambiente de convivencia no adecuada para el buen desarrollo de la vida dentro de la comunidad”, indican en un escrito en el que piden la intervención del gobierno de la ciudad.