La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Secretaría de Gobernación ha atendido 769 casos de tortura en México, pero debido a que este delito “se comete en lo oculto y no existe caudal probatorio”, las instancias del gobierno federal y de procuración de justicia están lejos de la reparación del daño, señaló la titular de esta comisión, Yuriria Rodríguez.

Por lo anterior, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración puso en marcha la Estrategia Nacional Contra la Tortura en la que participarán 18 dependencias federales, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército, la Marina, la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional Penitenciario, con la que se busca “combatir de fondo los vicios y perversiones en el sistema de procuración de justicia”, aseveró el director general de Estrategias y Atención de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Santana Ángeles.

En el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, establecido cada 26 de junio, el titular de esta subsecretaría, Alejandro Encinas detalló que se trata de una estrategia en la qué hay un esfuerzo interinstitucional porque el fenómeno de la tortura requiere de “una acción enérgica coordinada y transversal de las instituciones para erradicarlo porque en muchas décadas se convirtió en una práctica cotidiana”.

Apuntó que por años la policía municipal, la estatal y los propios agentes de los Ministerios públicos la ejercieron y era una práctica común. “Por ello es necesario su combate enérgico y poder erradicarlo y demostrar que en este gobierno no se tortura absolutamente a nadie y hemos logrado avances significativos, pero aún nos falta mucho por hacer”.

Esto ha causado que en México la tortura haya sido usada por los servidores públicos de procuración de justicia bajo el argumento de ejercer mano dura, lo cual realmente “encubría la ineficacia para combatir los delitos y las malas conductas, lo cual llevó a una normalización de la tortura como un método de investigación con el que se trataba de buscar la verdad”, señaló Santana Ángeles.

La titular de la CEAV alertó que la tortura es un delito que difícilmente se sanciona porque no se visibiliza y las personas que denuncian lo hacen cuatro o cinco años después de haber sido maltratadas, por lo que confían que con esta estrategia nacional que, abarca 66 acciones dirigidas a la capacitación y formación de los servidores públicos, puedan combatir esa práctica oculta.