Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría General de la República (PGR), permanecerá en prisión preventiva justificada luego de que fue detenido por su probable responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada, intervención de comunicaciones privadas y colusión de servidores públicos, los cuales habría cometido al manipular las pruebas y forzar a los supuestos implicados a declararse culpables por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, durante la investigación del caso Iguala.

De ser declarado culpable por estos cargos, alcanzaría una pena mínima de 16 años de prisión y una máxima de 71.

Al comparecer ante el juez Juan José Hernández Leyva en la audiencia inicial realizada en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, el ex funcionario solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica será determinada hasta el 1º de julio próximo.

La causa penal por la que se procedió contra Ramírez Gutiérrez es la 148/2021, la misma por la que se fincaron cargos similares al ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam y al ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio.

Todos ellos habrían actuado en conjunto para manipular pruebas y obligar a los detenidos a confesarse culpables, con el fin de hacer que su teoría de la “verdad histórica” se tuviera como cierta en el caso Iguala.

Durante la audiencia, el juez Hernández Leyva afirmó que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas es de trascendencia nacional y sigue lacerando a la sociedad. Añadió que conocer la verdad de estos hechos es un derecho y que en ello reside la importancia de este juicio.

Los agentes del Ministerio Público que presentaron el caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvieron que el ex funcionario tenia conocimiento de la tortura a la que fueron sometidos los detenidos y, sin embargo, no tuvo reparo en que se les hiciera sufrir para obtener información.

Aunque la defensa de Ramírez Hernández pidió que su cliente pudiera seguir el juicio en libertad, la FGR argumentó que el ex funcionario cuenta con siete domicilios, de los cuales sólo se le confirmaron dos, además de que fue notificado por escrito de las acusaciones en su contra desde 2021 y nunca se presentó a declarar.

Por ello, el juez concedió la medida cautelar de prisión preventiva, debido a que es real el riesgo de que se fuge para evadir la acción de la justicia.