Oaxaca, Oax., La Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO) nombró coordinador jurídico a René Hernández Reyes, abogado de los policías estatales Juan Peralta y Froylán Carlos Cruz, así como del agente federal Carlos Guerrero Romero, procesados como presuntos responsables de homicidio calificado y lesiones cometidos durante el desalojo el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, que dejó un saldo de seis personas muertas, lamentó el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic) en un comunicado.
“La apatía de la nueva administración de la DDHPO no es casualidad, sino que obedece a su compromiso con los responsables de los homicidios y las lesiones causadas a las víctimas el 19 de junio de 2016”; prueba de ello es la contratación de Hernández Reyes, consideró.
Desde marzo pasado, cuando Elizabeth Lara Rodríguez fue designada al frente de la DDHPO, este organismo, que trabajaba a favor de víctimas y sus familias y les brindaba acompañamiento, apoyo sicológico y atención médica, ya no brinda ayuda y, de acuerdo con el Covic, ha “desaparecido” diversas actividades.
El Covic señaló: “A partir de este momento desconocemos a la DDHPO en todos los asuntos relacionados con nuestro comité, pues no podemos permitir que la dependencia que financia la defensa de tres de los asesinos del 19 de junio de 2016 tenga relación” con ella, lo que muestra un sesgo que favorece a los responsables.
Exigen que sea destituido
Santiago Ambrosio, dirigente del Covic, expuso en entrevista que las víctimas manifestaron su preocupación por el nombramiento, dado que existe la posibilidad de que el abogado de sus presuntos agresores tenga acceso a los expedientes del caso Nochixtlán y use la información en beneficio propio, lo mismo que de los policías a quienes representa, pues sería fácil acceder a las carpetas desde la DDHPO.
Ambrosio consideró necesario que el abogado de los elementos estatales y el federal sea destituido de inmediato del cargo de coordinador jurídico y demandó que Elizabeth Lara explique la designación.
Insistió en que el nombramiento fue una afrenta a las víctimas del desalojo fallido de Asunción Nochixtlán que perecieron cuando elementos de las policías estatal y federal dispararon a civiles que bloqueaban una vialidad para exigir la abrogación de la reforma educativa impuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012–2018).
Ambrosio tildó de “impensable” que un organismo público cuya intención es velar por los derechos humanos contrate al defensor de quienes encabezaron una operación en la cual se violaron las garantías individuales.
“No podemos entender cómo el organismo encargado de velar por la defensa de los derechos humanos en Oaxaca ahora pague los honorarios de una de las personas que defiende a los asesinos de nuestros compañeros y familiares. Tampoco entendemos que la defensoría, que en un momento acompañó a nuestro comité en su lucha por la justicia y verdad, ahora se convierta en su verdugo y financie la defensa de tres responsables de la masacre.”
