La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirigió la recomendación 5/2023 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana por la detención ilegal, arbitraria y tortura a Francisco Alvarado Hernández, y uso desproporcionado de la fuerza en contra de un menor, en hechos ocurridos el 19 de abril de 2022.
El organismo documentó la participación de elementos de la Policía Bancaria e Industrial –adscrita por convenio a la alcaldía Álvaro Obregón–, pero un juez de control reclasificó el delito de tortura por un diverso contra los dos elementos vinculados a proceso.
Ante ello, se recurrió a un juzgado federal para que “se reconsidere esa determinación y se judicialice por tortura, lo cual se acreditó en la investigación realizada por el organismo y la Fiscalía General de Justicia”, informó la ombudsperson, Nashieli Ramírez.
Durante la presentación de la recomendación, señaló que de 1994 a 2022 se han emitido 43 instrumentos recomendatorios relacionados con detenciones arbitrarias y/o ilegales.
Detenciones arbitrarias, deuda por erradicar
En el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2022, la detención arbitraria en contra de hombres fue el hecho que más se reportó en 2021 a los organismos públicos de derechos humanos, lo que evidencia las deudas pendientes que existen para erradicarla.
Dichas detenciones son el reflejo de la manifestación del poder policial que se ha gestado y responde a una práctica tolerada, pues se dan en un ambiente de impunidad, corrupción y falta de capacitación de los elementos policiacos.
Señaló que hechos como los acreditados en este instrumento “contribuyen a dañar el tejido social y la confianza en torno a las autoridades, y perpetúan prácticas arcaicas que rompen con la noción de seguridad y proximidad que tanto se ha impulsado”.
En sus 30 años ha emitido 79 recomendaciones, en las que acreditó actos de tortura en contra de 658 víctimas; actualmente brinda acompañamiento a 543 víctimas, indicó.
Confió en que la SSC acepte esta recomendación, que incluye la inscripción de los afectados en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México; dé seguimiento a los planes de reparación integral y realice un acto de reconocimiento de responsabilidad.
