Decenas de mujeres, víctimas de violencia vicaria, exigieron a la Fiscalía General de Justicia agilizar sus carpetas de investigación y al Poder Judicial de la Ciudad de México actuar con perspectiva de género en sus casos y “no seguir favoreciendo a sus agresores, a quienes les permiten quedarse con nuestros hijos, exponiéndolos a ser víctimas de alguna agresión”.

En la explanada de la estación del Metro Balderas, donde se concentraron para acudir a ambas instituciones, personal de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género les ofreció una mesa de diálogo para atender sus casos y asesorarlos.

Dicha disposición fue bien aceptada por las mujeres, quienes solicitaron se agilicen sus expedientes y se judicialicen otros que “están parado y nos ha llevado hasta cinco años de lucha, tiempo en el cual hemos visto poco o nunca a nuestros hijos, que nos fueron arrebatados bajo mentiras, porque sigue prevaleciendo una justicia machista”.

Los agresores, denunciaron, “no han sido vinculados a proceso y no estamos viendo resultados, pese a las mesas de trabajo que se han realizado a lo largo de un año y que sí han permitido que muchas carpetas avanzaran, pero llegamos audiencia y no pasa nada”.

Comentaron que, este año se tienen dos casos en el país de mujeres que “se mataron porque no lograron recuperar a sus hijos, ya sea por corrupción, delitos fabricados y carpetas donde se nos acusan de múltiples ilícitos para dejar de exigir justicia”.

Hoy, contamos con un sistema de impartición de justicia “obsoleto, machista, que ya no da para más, pero si no insistimos con plantones y manifestaciones, no vamos a salir del problema. Estamos cansadas de esta tortura institucional donde hay jueces que, abusando de su poder, decidan recibirle dinero a un señor, para perjudicarnos a las madres”, afirmaron.

El presidente del PJCDMX, Rafael Guerra Álvarez, denunciaron, “no ha cumplido con su palabra de agilizar los casos y evitar que un menor conviva con su agresor”.

Carla García, víctima de feminicidio en grado de tentativa, y madre de un pequeño de cinco años, señaló que pese a que su agresor está en el reclusorio, los jueces de lo familiar “dictaron convivencias con el hombre que también agredió a mi hijo, lo cual no voy a permitir, porque se está poniendo en riesgo su integridad”.

Mientras, Gabriela Pablo Saucedo, vocera de la Unión de Madres Protectoras, tuvo que huir con uno de que pequeños, hasta lograr un amparo, al ser sustraído su otro menor de siete meses desde hace más de dos años.

Su lucha por recuperarlo y evitar que le quiten a su otro hijo, la ha llevado a la cárcel, a ser acusada de “lastimar a mi pequeño de meses y otra serie de delitos que no han sido comprobados y a recibir amenazas, lo cual no me ha detenido, ni me detendrá, y lo caso será analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, afirmó.

Antes de que instalaran un campamento frente a los tribunales del Poder Judicial en la avenida Niños Héroes, alertó que el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que suma 35 millones, sea “una olla exprés que derive en violencia”.

Recordó su caso, pues “a mí me decía: no te quiero ver con nadie y no te quiero dar pensión, entonces saben que son capaces de hacer todo eso con tal de no darte pensión, la cual no es para mi, sino porque mi hijo, y solos miles las mujeres que vivimos en esa situación y estamos dispuestas a luchar con todo para recuperar a nuestros hijos”.