La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, informó que se presentará una recomendación por detenciones arbitrarias, abuso de autoridad y otras quejas recibidas cometidas por elementos del sector Hormiga de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Azcapotzalco.

Tras la liberación de Gustavo Fabián, a quien personal de esa agrupación lo acusó falsamente de homicidio y homicidio en grado de tentativa, se mantiene la investigación abierta en la comisión, donde sus familiares interpusieron una queja.

El joven “está valorando cuál es la ruta que quiere seguir tras su detención arbitraria” y su posterior vinculación a proceso por un delito que no cometió, y que con pruebas presentadas por la SSC y la Fiscalía General de Justicia fue sobreseído su caso.

El problema, sin embargo, es que se trata de una conducta reiterada porque se tiene el antecedente del caso de Marco Antonio, estudiante también de la UNAM, que lo detuvieron, desapareció y después se le localizó en el estado de México.

Por lo que “debemos tener más documentación de lo que está pasando con ese sector y una mayor fuerza, en términos de castigar y retirar de servicio a los servidores públicos que hacen ese tipo de cosas y han sido señalados de abuso de poder”, explicó.

Con la cantidad de denuncias y quejas que se están investigando, abundó, seguramente perfilaremos que hay diferencias entre los diversos sectores en la ciudad con este en particular, que tiene muchísimos patrones”.

Encabeza Cuauhtémoc

La ombudsperson destacó que el año pasado se abrieron 8 mil 894 expedientes de queja, que provinieron principalmente de las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Xochimilco y Benito Juárez.

Las autoridades más señaladas en las quejas fueron la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con 3 mil 361, es decir, 33.2 por ciento; la Fiscalía General de Justicia, 2 mil 436 (24 por ciento), y la Secretaría de Salud, mil 186, equivalente a 11.7 por ciento.

Mencionó que los derechos humanos más mencionados fueron a la seguridad jurídica, a la integridad personal, al debido proceso en relación con la persona ofendida víctima del delito, y al trabajo.