Existen aproximaciones en cuanto a las cifras estadísticas de las prácticas ilícitas que proliferaron a lo largo de la historia de la minería, después de la invasión europea al hoy conocido como continente americano. La inmensa riqueza en recursos naturales premió a los expedicionarios que extrajeron grandes cantidades de metales y piedras preciosas y a las casas reales que les financiaron el viaje.

Después de más de 500 años, algunos de esos países saqueadores de recursos son los mismos que, a la fecha, continúan generando enormes ganancias mediante minerales valiosos sin tener ningún problema, por lo menos, hasta ahora.

Desde el inicio de la extracción de los metales más codiciados, se generaron las ilegalidades y las desgracias entre quienes eran obligados a entrar a las minas con alto riesgo durante el proceso. Lo importante para las empresas era sacar lo más posible de oro, plata u otro metal. Aunque se han conocido y denunciado todo tipo de violación a los derechos humanos, la defensa sindical ha tardado demasiados años. El rápido enriquecimiento para los patrones no pudo ser posible sin la participación de los pobladores locales quienes, desde un inicio, fueron esclavizados por los invasores.

En la actualidad, la injusticia y las desgracias no han desaparecido; la industria extractiva ha generado una riqueza abundante para los dueños del negocio. Esas divisas se han ido y siguen yéndose a los países de las firmas extranjeras y, en el caso de los propietarios nacionales, el dinero va a parar a paraísos fiscales.

Por supuesto, las ganancias de una minera exitosa no han resuelto todas las necesidades de sus obreros. Las leyes laborales que –más o menos– les han protegido hasta la fecha requieren de mayor estudio y mejoramiento. La calidad legislativa es una promesa incumplida, en toda su extensión, por líderes sindicales y políticos en campaña electoral.

La impunidad entre aquellos patrones que han violado permanentemente las leyes continúa afectando al sector. La riqueza ha sido abundante, pero el empobrecimiento de los trabajadores del gremio también ha crecido. Este empobrecimiento no sólo económico, sino también de la salud, se ha tomado como asunto normal, porque se ha considerado como parte de este tipo de trabajo.

Ha permanecido la idea de que, ante la falta de mejores fuentes de empleo, se tienen que aceptar las condiciones laborales violatorias de las leyes como pago o cuota por obtener un puesto remunerado en una empresa. Por años, los estudios acerca de la jurisprudencia en el plano laboral y, especialmente, en el mundo minero, parece estar archivada para siempre. Pero la exigencia de transparentar toda gestión, toda decisión, decretos y derogaciones va en aumento, de tal forma que las múltiples fallas y simulaciones en la aplicación de las leyes tendrán que resolverse. Ese es el cambio esperado.

Aunque la presencia de los sindicatos en la lucha diaria por mejorar la vida laboral se ha mantenido, las embestidas de las oligarquías, también se fortalecieron con los gobiernos antisindicales anteriores, por lo que reconocemos los triunfos recientes del Sindicato de Mineros con el senador Napoleón Gómez Urrutia al frente y como principal legislador en este rubro.

La conocida consigna “la lucha sigue” es un apotegma, un compromiso y una convicción de la clase obrera, que poco a poco ha estado creando las nuevas condiciones para que los sindicatos se fortalezcan, especialmente aquellos que han sido mancillados sin miramiento alguno. Es en este periodo presidencial en que se han multiplicado las propuestas de transparencia y rendición de cuentas por parte de las directivas sindicales y las empresas.

La mayoría de los sindicatos han sido rebasados por la corrupción de la patronal. Han sido anulados por la infiltración a sus filas militantes, y lo más lamentable es que la represión característica del neoliberalismo todavía somete a sus agremiados. Y aunque se cuenta con la defensa de los derechos humanos, las leyes del trabajo y nuevas propuestas de reformas a la Ley Minera, tenemos enfrente como meta prioritaria en este periodo de la Cuarta Transformación dar los pasos decisivos para depurar la industria extractiva.

No podemos omitir la necesidad de llevar a juicio efectivo a todo aquel empresario que haya incumplido las leyes laborales. Como ejemplo, tenemos a Germán Larrea Mota, administrador de empresas por la Universidad Anáhuac y dueño del Grupo México, cuyo negocio de la extracción del cobre ocupa el quinto lugar en el mundo.

Su desempeño como empresario lo hace merecedor de una sanción ejemplar debido a los perjuicios que ha causado a los trabajadores y sus familias, así como los innumerables desastres ambientales. Uno de los más graves ha sido el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora. El empresario se ha desentendido de sus obligaciones, ya que no ha reparado el daño. Y qué decir de los 65 obreros fallecidos en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila. Es ejemplo de rezago imperdonable de aplicación de las leyes y un atraso imperdonable para hacer justicia a las víctimas, de acuerdo con los indicativos del artículo 123 de la Constitución.

La participación de gente joven y profesional en la Secretaría del Trabajo nos devuelve la esperanza de continuidad con la transformación de la realidad del país, por lo que felicitamos a Marath Bolaños López, licenciado en relaciones exteriores y nuevo secretario de Trabajo y Previsión Social.

Bienvenidas todas las reformas laborales que devuelvan la dignidad a la militancia sindical. Conclusión: se ha demostrado que las consignas obreras no son sólo lamentos sin futuro.

Twitter: @AntonioGershens