Buenos Aires., Mientras la Secretaría de Derechos Humanos de la nación presentaba ante la justicia penal una lista de los graves delitos cometidos por la policía de Jujuy durante la brutal represión de los últimos días en contra de la población que se resiste a la aplicación del la Constitución local, el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, llegó a Buenos Aires para aceptar la candidatura a vicepresidente de la nación, propuesta por el intendente de la Capital Federal, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los dos contendientes de la coalición ahora de extrema derecha de Juntos por el Cambio, quien apoyó abiertamente lo actuado por el mandatario provincial y lo ratificó en un discurso amenazante de continuar el “ejemplo” jujeño para guardar “el orden” en todo el país.
Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, solicitó abrir una investigación y disponer las medidas necesarias para determinar las posibles responsabilidades penales de los funcionarios involucrados durante el sometimiento con lujo de violencia y presentó todas las pruebas que se han registrado, entre ellas el uso de armas no letales, como pistolas de balas de goma y sus consecuencias, así como las denuncias que no pueden negar las autoridades sobre la actuación de policías de civil infiltrados, quienes marcaban a los que debían ser detenidos, así como la destrucción de negocios, allanamiento ilegal de casas y secuestro de personas en camionetas blancas de una empresa contratada por el gobierno.
Los cortes de rutas siguen en las poblaciones amenazadas de robarles sus tierras para emprendimientos que favorecen a empresas extranjeras, estando el litio de por medio, y otros “negocios” oscuros.
En Jujuy, no sólo hay aún detenidos, perseguidos, sino también amenazas a los únicos periodistas que cubren y han cubierto día por día la represión, que está además filmada por muchos pobladores.
Las comunidades originarias, y el “malón por la paz”, como llaman a la defensa de sus derechos, denuncian desaparecidos que no figuran en la lista de detenidos ni de hospitalizados. En los cortes de ruta ahora se remplaza a la policía local por la gendarmería nacional, enviada por el gobierno del presidente, Alberto Fernández, con la finalidad de negociar y terminar con la represión.
A su vez, Gerardo Morales llamó a una manifestación de productores y empresarios, también cómplices de la pasada dictadura militar, ayudando y entregando a sus trabajadores, varios de ellos que están como “no localizados”. Los docentes no resignan sus demandas, ante la “insuficiente oferta del gobierno y lo mismo sucede con empleados municipales y estatales.
Por su parte, los integrantes de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos que llegó a Jujuy declaró en conferencia de prensa que han constatado la presencia de vehículos con personas a bordo con sospechosa función. “No aceptaremos intimidaciones que pretendan condicionar a las víctimas que se acercan a aportar sus relatos”, sostiene un comunicado, en el que responsabilizan a la policía local y al gobernador Morales “por la integridad física y mental, tanto de quienes prestan su testimonios como de la delegación de defensores sociales”. La misión tiene previsto enviar el lunes un informe preliminar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos.
Por otro lado, el avión Skyvan PA-51, utilizado en 1977 para arrojar vivas al mar a tres integrantes del grupo activista Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas en uno de los “vuelos de la muerte”, fue recibido en Buenos Aires por un emocionado grupo de familiares de víctimas de la pasada dictadura militar (1976-1983). En los recientes 10 años, el aparato estuvo en Estados Unidos en una empresa que lo usaba para vuelos de paracaidismo.
