Uno de “los principales retos que afrontamos en el sistema de justicia en México es el combate a la corrupción, así como la garantía de la independencia judicial y la falta de acceso a la justicia para muchas personas en el país”, afirma la ministra Norma Lucía Piña Hernández en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2023-2026 del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

En el documento, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Judicatura Federal asegura que “es necesario seguir impulsando las acciones para combatir las barreras más importantes para el buen funcionamiento del sistema de justicia. Entre los obstáculos más importantes se encuentran las prácticas de corrupción al interior de los órganos de gobierno y, en particular, en aquellos que pertenecen al Poder Judicial de la Federación (PJF), ya que éste debe ser uno de los actores principales en el combate a este tipo de conductas”.

El diagnóstico que presenta refiere que “es necesario continuar e intensificar en todos los niveles de la institución la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad”.

Asimismo, puntualiza que el sistema de justicia enfrenta “falta de recursos adecuados, se requiere atender prioritariamente las necesidades de los órganos jurisdiccionales para que puedan realizar sus funciones de manera efectiva, lo que incluye la formación constante, y la incorporación de tecnologías modernas para ayudar en la gestión de casos y garantizar el acceso a la justicia”.

Piña Hernández refiere que es necesario crear un nuevo código de ética para los integrantes del CJF y también una “comisión anticorrupción, que busque, entre otros temas, involucrar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.

Además de señalar que habrá nuevos mecanismos para la asignación de plazas para quienes aspiran a ejercer como jueces y magistrados, entre ellas una validación de competencias.

El PDI 2023-2026 menciona que “el acceso a la justicia depende, necesariamente, de la consecución de distintos principios judiciales, entre los que destaca la independencia judicial, misma que es indispensable para resolver conflictos entre los poderes públicos, irradia las relaciones entre particulares, define el ejercicio de nuestros derechos y, sobre todo, contribuye a la pacificación social”.

Menciona que la Ley Orgánica del PJF y la de sus integrantes define la independencia como una condición esencial de la función jurisdiccional, cuya finalidad es evitar que su ejercicio se vea afectado por injerencias o presiones externas.

En su propuesta de trabajo, Piña Hernández sostiene que busca “fortalecer la independencia judicial para garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales en beneficio de la ciudadanía, como un elemento indispensable en la resolución de conflictos entre las personas y que contribuye a la pacificación social.

“Para lograr lo anterior, se requieren personas juzgadoras que impartan justicia en un ambiente de protección y seguridad, libre de restricciones, influencias indebidas, amenazas o interferencias. Se busca fortalecer la independencia judicial objetiva y subjetiva como medio para fomentar la confianza social y de las personas justiciables en el sistema de impartición de justicia.”