El Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, apercibió a la empresa Penmont, propiedad de Grupo Peñoles, abstenerse de cualquier conducta contra los mineros de La Herradura, en Caborca, Sonora, “que atente contra su derecho” a la negociación colectiva y libertad sindical.

En un acuerdo en el que la jueza de distrito notifica a las partes, se advierte que de acreditarse que “existe represión por parte de la empresa hacia los trabajadores sindicalizados” –como han señalado ellos mismos y el sindicato nacional de mineros–, la compañía sería acreedora a una multa de 5 mil unidades de medida y actualización, equivalente a 518 mil 700 pesos.

Esta sanción, señaló el tribunal, es congruente “con la gravedad de la falta”, ya que se trata de actos “directamente violatorios del derecho fundamental” de negociación colectiva y que generarían “graves daños” a la democracia sindical.

Los trabajadores de la compañía productora de oro reiteraron su solicitud al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos para que fije, cuanto antes, la fecha de recuento y así poder sacudirse al sindicato patronal que Penmont les quiere imponer.

“Persiste una constante intimidación, hostigamiento, amenazas dentro de la mina contra los trabajadores por parte de la empresa en contubernio con el sindicato charro”, señalaron Jesús León García y Juan Linares, dirigentes de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) en Caborca.

Indicaron que son más de 300 trabajadores despedidos de manera injustificada, quienes desde que inició el conflicto el pasado 27 de abril, reclamaron que Penmont les cubra el pago de 10 por ciento de utilidades que por ley les corresponde, junto con otros mineros que ya se reintegraron a laborar.

Mencionaron que personal de la empresa “hostiga” a un grupo de entre 150 y 200 mineros que no han regresado a laborar y les piden “pasen a la oficina y renuncien”.

Quienes sí han regresado, lo han hecho “con presiones de por medio para que se reafilien al sindicato patronal” para no ser despedidos, y en el caso de los trabajadores que simpatizan con el sindicato nacional de mineros, les permiten laborar tres días y “luego los despiden sin pagarles los días laborados”, acusó Juan Linares.

Los dirigentes de la CIT insistieron en que estas acciones de la empresa y su sindicato atentan contra la libertad gremial que establece la ley laboral y el T-MEC.