El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra cuatro empresas chinas por tráfico de precursores químicos para la fabricación de fentanilo hacia ese país y México. También se inculpó a ocho empleados o responsables de esas compañías, y dos de ellos ya fueron detenidos. De acuerdo con el procurador estadunidense, Merrick Garland, “estas empresas e individuos están acusados de haber presuntamente suministrado de forma deliberada a narcotraficantes ingredientes e instrucciones para fabricar la droga que sigue devastando a familias y comunidades”.
Esta nueva acción legal unilateral contra entidades chinas por su supuesta participación en el comercio de sustancias usadas para producir fentanilo se da la misma semana en que Washington y Pekín acordaron explorar la creación de un grupo de trabajo conjunto para cerrar el flujo de los precursores. En la que fue la primera visita de un encargado de las relaciones exteriores de Washington a la nación asiática en cinco años, Antony Blinken coincidió con su homólogo Qin Gang en el deseo de mantener relaciones estables y predecibles, así como en la necesidad de ampliar el diálogo para reparar unos vínculos que atraviesan un punto muy bajo.
Incluso, el domingo el presidente Joe Biden expresó intenciones de reunirse de nuevo con su par chino, Xi Jinping, “y hablar de las legítimas diferencias que tenemos, pero también de cómo podemos llevarnos bien”. Sin embargo, dos días después el demócrata se refirió al líder del Partido Comunista como dictador que no está al tanto de las actividades de su propio gobierno, declaración impropia de un jefe de Estado, desafortunada e inexplicable en un contexto en que se pretendía un acercamiento constructivo con el político aludido.
A esta errática conducta de la diplomacia estadunidense se sumó ayer un significativo llamado de Blinken: al participar en la 53 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el canciller anunció el lanzamiento de “una nueva coalición global para abordar las amenazas a la seguridad y a la salud pública por la producción y tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas”. Es inevitable que en esta convocatoria resuene el eco de otras “coaliciones” encabezadas por Washington, como la que ahora mismo destina decenas de miles de millones de dólares a perpetuar la guerra en Ucrania; las urdidas para respaldar sus invasiones ilegales a Irak y Afganistán; la que, en el nombre de “la lucha contra el terrorismo”, ha causado más de 4 millones y medio de muertes a nivel mundial; o, mirando más lejos, las que integró para evitar la propagación (real o imaginada) del comunismo, cruzada en la que nunca titubeó para perpetrar golpes de Estado, desestabilizar y derrocar gobiernos elegidos de manera democrática, financiar grupos de exterminio y solapar todo tipo de atrocidades a los regímenes que se alineaban con sus intereses.
El desarrollo de los acontecimientos obliga a concluir que Washington instrumentaliza la espantosa crisis de abuso de opiáceos que asuela a su sociedad a fin de golpear a su máximo rival económico y geopolítico, al mismo tiempo que redita sus doctrinas de control hegemónico sobre América Latina. Los gobiernos de la región deben rechazar del modo más enérgico estas pretensiones neocoloniales, y recordar a las autoridades estadunidenses que la solución al problema de las adicciones pasa por asumir las causas endógenas de la desesperanza, la pérdida de horizontes y el desgarramiento del tejido social que llevan a millones de sus ciudadanos a caer en el uso nocivo de estupefacientes.
