Washington. La Suprema Corte de Estados Unidos otorgó ayer una clara victoria al gobierno del presidente Joe Biden al autorizar una política de deportación centrada en migrantes considerados “riesgo para la seguridad pública”, que fueron detenidos en la frontera o con condenas penales graves.

Los jueces aprobaron, por ocho votos a uno, permitir que la política bloqueada por largo tiempo entre en vigor, al reconocer que se carece de dinero y personal suficiente para deportar a las aproximadamente 11 millones de personas que se encuentran en Estados Unidos sin documentación migratoria.

Esta sentencia permite la entrada en vigor de una directiva adoptada en septiembre de 2021 por el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, que reclamaba a la Policía de Migración centrar sus esfuerzos en los extranjeros que supongan una amenaza “terrorista” o delictiva y los que arribaron al país después del 1º de noviembre de 2020.

Emitida después de que Biden llegó a la presidencia, el 20 de enero de ese año, esta medida actualiza una iniciativa de la presidencia de Donald Trump que ordenaba deportar a las personas que se encontraran en el país sin autorización, sin importar cuáles fueran sus antecedentes penales.

Los estados de Texas y Luisiana impugnaron jurídicamente la directiva cuando fue adoptada bajo el argumento de que les generarían costos adicionales en materia de educación, policía y servicios sociales, motivo por el que un juez federal falló a su favor y bloqueó su implementación. Sin embargo, la Suprema Corte sostuvo ayer que, en primer lugar, los estados carecen de la capacidad jurídica para demandar en el caso.

“Los estados pretendían que la justicia federal ordenara al Ejecutivo modificar su política de detenciones para proceder a más detenciones”, pero la Corte Suprema ha aclarado que sólo las personas que son objeto de esa medida pueden cuestionarla, explicó el magistrado Brett Kavanaugh en nombre de la mayoría del tribunal.

Presión republicana

“En aplicación de este principio fundamental, concluimos que los estados no tienen potestad para interponer esta demanda”, precisó. “La decisión no debe entenderse como una sugerencia de que el Ejecutivo tiene total libertad” en la materia, aclaró, lo que dejó la puerta abierta a futuras demandas. Tras el anuncio, Mayorkas elogió el nuevo fallo y aseguró que esta política permite a los oficiales migratorios “concentrar recursos limitados y acciones de cumplimiento en aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional, la pública y la fronteriza”.

El poderoso grupo de derechos civiles Unión Estadunidense por las Libertades Civiles acogió con satisfacción el rechazo “sensato” de la Suprema Corte a la iniciativa de Texas y Luisiana de “obligar al gobierno a implementar la política de control draconiano”.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, tuiteó que se trataba de una “decisión escandalosa”. El máximo tribunal del país “da carta blanca a la administración de Biden”, escribió, y prometió seguir desplegando a la Guardia Nacional de su estado para disuadir a los migrantes en la frontera sur.

Las llegadas clandestinas a la frontera sur de Estados Unidos llegaron a máximos históricos antes del cambio en las reglas de migración hace seis semanas, y siguen siendo altas, con casi 170 mil detenciones en mayo.