Los vecinos que integran el comité promotor de revocación de mandato de la alcaldía Miguel Hidalgo exigieron al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) la revisión pública y ante los medios de comunicación de cada una de las más de 51 mil firmas que entregaron en mayo, tras refrendar que impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución por la que los consejeros rechazaron autorizar el ejercicio de democracia directa.

Del total de rúbricas, las autoridades no validaron más de 19 mil, por lo que no se completaron las 32 mil necesarias correspondientes a 10 por ciento del padrón.

Gustavo García, representante legal del comité, aseguró que “nosotros sí recabamos el número de firmas requeridas, pero los consejeros dispusieron una cadena de obstáculos y diseñaron todo para que no se realizara la consulta”, por lo que el IECM “actuó con premeditación y dolo en el proceso”.

Dijo que es grave que no se haya realizado la consulta, “que es una prueba de que la derecha y los sectores conservadores en la ciudad tienen miedo a los ejercicios de democracia directa”.

Por la noche, el pleno del Consejo General del instituto aprobó los acuerdos en los que se determina la improcedencia de las solicitudes de revocación de mandato y al determinar la existencia de firmas que se presentaron de personas dadas de baja por defunciones, 262 en la alcaldía Miguel Hidalgo y 102 en el caso de Xochimilco, dispuso dar vista a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la Fiscalía capitalina “para que, en sus respectivos ámbitos de competencia lleven a cabo las acciones que correspondan”.

Mientras tanto, el representante del PAN, Andrés Sánchez, desacreditó el proceso en el caso de la Miguel Hidalgo al llamarlo una simulación; el de Morena, Eduardo Santillán, lamentó que no fuera factible realizar el proceso “por un diseño institucional que más que promover complica el ejercicio participativo”, y se manifestó por revisar la ley para bajar el umbral de 10 por ciento de firmas de personas inscritas en el padrón de electores correspondiente e incrementar el tiempo para recabarlas, que fue de 38 días, mientras a nivel federal es de 90.