Ciudad de México. Impedir que personas violentas lleguen a los cargos públicos es un tema de justicia elemental y el Instituto Nacional Electoral (INE) estará vigilante de ello, dijo la consejera Dania Ravel, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.

Al inaugurar el foro “La 3 de 3 contra la violencia en el marco de la reforma constitucional” señaló que la unión es la base en este esfuerzo de autoridades y ciudadanía.

“Lo primero es la sororidad, ese acompañamiento entre las mujeres en donde tengamos puntos de confluencia para sacar adelante los derechos de otras mujeres”, dijo.

La mayoría de las ponentes convocadas por el INE destacaron también la importancia de hacer efectivas las reformas legales y constitucionales y, en principio, llevar a mujeres a cargos públicos de todos los niveles y en todas las instituciones.

Igualmente avanzar hacia la normalización del combate a la impunidad, sea quien sea, así tenga el poder.

La consejera Norma De la Cruz recordó que la citada reforma establece que las personas no podrán ser registradas como candidatas para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombradas para empleo, cargo o comisión en el servicio público, en los siguientes supuestos:

Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en cualquiera de sus modalidades y tipos, y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

Ante otras consejeras, legisladoras e integrantes de asociaciones civiles, las ponentes destacaron que erradicar las violencias es un trabajo detodas las instituciones del Estado mexicano.

Sin embargo, añadió De la Cruz,“seguimos viviendo en el país de las alertas de género, de los 10 feminicidios al día, de las 15 niñas y adolescentes desaparecidas”.

Carla Humphrey, también consejera del INE, dijo que este organismo tiene el primer reto de emitir los lineamientos para hacer obligatorio que cada persona candidata cumpla con la medida “3 de 3 contra la violencia” y no sólo presente una declaración bajo protesta de decir verdad.

El segundo reto, continuó, se refiere a que los partidos políticos tendrán que modificar sus documentos básicos para hacer frente y para analizar que los perfiles que presentan no estén sancionados por violencia política. En tanto, el reto de los tribunales es sancionar la violencia política en razón de género, para proceder a la suspensión de los derechos políticos y electorales del perpetrador.

A esto se sumala necesidad de que las instituciones competentes otorguen al INE la información que, en su caso, lleve a negar el registro a violentadores de mujeres.