Las personas trabajadoras del sector de ciencia y tecnología nos hemos caracterizado por participar en la discusión firme y respetuosa de los temas de política laboral y científica, independientemente de la administración en turno, por lo cual, resulta escandaloso que, en el marco de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) se sienten las bases para silenciar a las voces disidentes.
Me explico: el órgano interno de control (OIC) del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas AC (CIDE), mediante el oficio OIC/CI/38/128/071/2023, indica a la dirección general del centro a informar al personal que “deberán abstenerse de difundir mensajes y/o expresiones a través de medios de comunicación digitales, como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, que puedan causar daño a la dignidad y la integridad de alguna persona servidora pública de este centro de investigación”. Lo anterior, derivado de una consulta que las autoridades del CIDE solicitaron al titular del OIC para conocer “cuáles son las guías que [...] deben seguirse en el manejo de redes sociales” (tarjeta informativa, 002/2023).
Esta consulta al OIC y la respuesta difundida no deben descontextualizarse de la situación que han denunciado los sindicatos del CIDE; por ejemplo, la falta de legitimidad del director, doctor Romero Tellaeche, y una pérdida paulatina de derechos laborales que ha generado una notoria fuga de cerebros a otras instituciones.
Evidentemente, la discusión sobre la política laboral y científica debe estar en el marco de irrestricto respeto y aplica para todos los involucrados, no se debe obviar que las críticas –aunque incomoden o calen– a los funcionarios públicos e instituciones están en la esfera de las actividades desarrolladas por el cargo conferido, es decir, al funcionariado se le va a criticar válidamente sus funciones, decisiones y actividades. Además, no debemos perder de vista que, las redes sociales se han convertido en las plazas públicas digitales donde se presentan las inquietudes, las preocupaciones y/o los apoyos.
Ahora bien, respecto de las declaraciones emitidas en redes sociales sobre temas de interés público, como la política laboral-científica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha integrado un criterio bastante amplio, el cual considera que los comentarios críticos –que no sean impertinentes ni vejatorios– están protegidos por la libertad de expresión. Y más aún, la Corte considera que, la difusión de la información, las ideas y las opiniones a través de Internet se encuentra protegida por la libertad de expresión en todas las formas de difusión. Adicionalmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege de forma amplia la libertad de expresión (oral, escrita y lenguaje de signos) y los medios (libros, periódicos, carteles).
Pero, ¿la actual administración ha preservado la imagen de los centros públicos de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación?, por ejemplo, a partir de la presentación “CPI neoliberales: desvío de funciones y redes de intereses creados” en la conferencia matutina del Presidente, la directora del Conahcyt, doctora Elena Álvarez-Buylla, cabeza de sector, profundizó en los señalamientos a compañeros sindicalizados del CIDE y del Cinvestav, dañando su reputación y dignidad.
En una paulatina pérdida de derechos humanos laborales dentro de los centros públicos de investigación, debemos tener garantizada la libertad de expresión, así como una distinción entre el trabajo burocrático y el académico, de lo contrario, el humanismo mexicano sólo servirá para decorar la ley.
* Ciesas
