El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se encamina a la recta final de su función en México, que se inició en 2015, pues el 31 de julio próximo termina su mandato, como anunciaron en la conferencia de marzo pasado, sin que se prevea una renovación, de acuerdo con fuentes cercanas.
Esto, en medio de la reactivación de 16 órdenes de aprehensión contra militares presuntamente involucrados, pero también ante la persistente negativa de que el Ejército entregue toda la documentación e información crítica que tiene relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en 2014, particularmente material de monitoreo y análisis.
Presentan quinto informe
Al presentar su quinto informe, los expertos Ángela Buitrago y Carlos Beristáin denunciaron de nueva cuenta la obstrucción de la investigación y ocultamiento deliberado de información por parte de mandos del Ejército. Señalaron que la petición de documentos –al menos entre 80 y 90– se refiere particularmente al material generado por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala.
De hecho, por esta situación, en febrero pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, comandante supremo de las fuerzas armadas, expresó por escrito una nueva orden a la Secretaría de la Defensa Nacional de “abrir todos los archivos”.
Cabe recordar que en octubre de 2022, tras analizar el curso que tomó la investigación, con “intromisiones ilegales” y luego del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa en agosto de ese año –que en parte se basó en capturas de pantalla de conversaciones de involucrados en la desaparición, pero que no se pudo corroborar su fiabilidad–, así como de evaluar su posible salida de México, el GIEI resolvió una medida transitoria de su mandato con un mecanismo integrado por Buitrago y Beristáin, en tanto que Claudia Paz y Paz y Francisco Cox se retiraron.
