El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas pidió al Estado mexicano liberar a Mario Almanza, Jorge Hernández y Sergio Rodríguez, detenidos en agosto de 2002, víctimas de tortura y otras violaciones graves a derechos humanos cometidas por agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que acompaña el caso, manifestó que los tres hombres fueron detenidos de manera arbitraria por presuntamente pertenecer a una banda de secuestradores. Mario está preso en el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México; Jorge en el Centro Federal de Readaptación Social 14, en Gómez Palacio, Durango, y Sergio en el Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla, en la capital del país.
“Durante la detención y el proceso judicial seguido en su contra fueron víctimas de tortura para obtener su confesión sobre un delito que no cometieron. Además, los agentes tlaxcaltecas les sembraron droga para agravar su situación y justificar una detención en flagrancia”, señaló la organización.
Claro montaje
No obstante, resaltó que el delito que sirvió de justificación para detenerlos, “con un claro montaje y en donde no había siquiera órdenes de aprehensión”, fue el de posesión de narcóticos con fines de comercio, pero se les absolvió del mismo desde 2003.
El Grupo de Trabajo de la ONU determinó que la detención de Mario, Jorge y Sergio es arbitraria y contraria al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que México es parte, en tanto que fueron detenidos en ausencia de órdenes de aprehensión y sin ser informados de las razones de su arresto.
Además, indicó la comisión de defensa de derechos humanos, consideró que, al no existir una explicación que justifique más de 20 años de proceso sin que exista una resolución definitiva, el Estado violó el derecho de las víctimas a un juicio sin demora indebida. Asimismo, dado que Mario, Jorge y Sergio fueron sometidos a torturas y malos tratos para extraer su confesión, “fue violentado su derecho a un juicio justo”.
Por todo ello, el Grupo de Trabajo de la ONU pidió al gobierno de México adoptar las medidas necesarias para remediar esta situación, una de ellas es ponerlos en libertad, así como concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación.
También, instó a investigar exhaustiva e independientemente las circunstancias que rodean esta detención, así como adoptar medidas contra quienes cometieron violaciones a los derechos humanos contra Mario, Jorge y Sergio.
