Los grandes consorcios se están amparando contra la Ley Minera para acotar las nuevas regulaciones que contiene y así “perpetuar su actividad en el mercado de valores, basada en la especulación, sobre todo con minerales estratégicos declarados a escala internacional indispensables para la transición energética, como litio, cobre y niquel”, advirtieron especialistas.

Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, señaló que los grupos de interés que controlan la minería intentan “ganar tiempo y organizarse” para evitar perder sus beneficios, no solamente productivos, sino también la “flexibilidad normativa” que la ley anterior les permitió durante 31 años, para que imperaran pésimas condiciones laborales, sin preocuparse por el impacto ambiental ni el cierre de minas.

“Quieren echar atrás esta reforma para evitar perder el derecho al agua, a la explotación de cualquier mineral que se encuentre en el territorio y a las decenas de años de concesión (de yacimientos) para seguir especulando”, apuntó.

La compañía Cobre del Mayo apenas obtuvo de un juez federal una suspensión provisional contra todos los efectos de la nueva ley. La empresa opera la mina Piedras Verdes, en Álamos, Sonora, y cuenta con reservas probadas y probables de 515 millones de toneladas hasta 2029, según información oficial.

La investigadora de la UAM recordó que esta firma es filial de la mexico-canadiense Invecture Group, división minera de Grupo Salinas, que en marzo de 2019 estuvo envuelta en una polémica, pues participaba en la construcción de la mina de oro Los Cardones, en Baja California Sur, proyecto impugnado por los pobladores y cancelado por el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a los riesgos ambientales que implicaba al área natural protegida de la Sierra de la Laguna.

Reina Castro Longoria, investigadora de la Universidad de Sonora, señaló que los consorcios del ramo “operan sigilosamente”, sin transparencia ni comunicación con la población. “Estas empresas extranjeras se quedaron malacostumbradas y quisieran seguir operando sin ningún control. No decimos que no vengan, pero sí que respeten la ley, como hacen en sus países”. Expuso que las mineras no reportan lo que en realidad extraen, operan con “métodos que sólo ellos conocen y dejan su devastación ambiental y afectación a las comunidades”.

Azamar Alonso indicó que si bien la Ley Minera no es retroactiva, muchos aspectos nuevos de la regulación sí van a tomarse en cuenta en los procesos de exploración, extracción y bienes con que cuentan en la actualidad. Los más complicados, puntualizó, son la consulta a las comunidades, permisos de agua y la disminución en el tiempo de las concesiones.