La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) completó ayer su golpe a la autonomía del Poder Legislativo, anulando la segunda parte de las reformas político-electorales conocidas como plan B. Este mote proviene de que las iniciativas fueron la alternativa ideada por el oficialismo para racionalizar el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE) y acotar las facultades abusivas que sucesivas modificaciones jurídicas fueron entregando a ese y otros organismos, ante la falta de una mayoría calificada en el Congreso que pudiera aprobar cambios a la Constitución. Como ocurrió cuando se invalidó la primera parte del plan B en mayo pasado, los ministros no calificaron el contenido de las reformas, sino que adujeron violaciones graves al procedimiento legislativo para echarlas abajo.
Al dejar sin efecto la actualización de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el proceso por el que se creó la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, el Poder Judicial vulnera el principio de separación de poderes y atenta contra la gobernabilidad. Al argüir que se pronuncian en torno a cuestiones formales, los ministros que votaron por el rechazo a la reforma legal caen en la hipocresía, pues resulta evidente que su voto está determinado por el deseo de mantener intocado un sistema de privilegios que se encuentra en consonancia con sus preferencias ideológicas y del que son beneficiarios directos, como muestra su rechazo a renovar la Ley Orgánica que rige a su propia institución.
La falta de escrúpulos y el desaseo con que se emitió este fallo confirma la existencia de una alianza política entre la cúpula del Poder Judicial y los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, toda vez que hay una casi total coincidencia de las resoluciones de la Suprema Corte y tribunales menores con las peticiones, necesidades e intereses de la oposición. Esta connivencia del Poder Judicial con las derechas partidistas –y con las que se encuentran enquistadas en los organismos autónomos– le ha entregado a los sectores reaccionarios todo aquello que no consiguen en las urnas y se ha convertido en la mayor rémora para el proyecto transformador elegido por la mayoría de los ciudadanos.
Si a los recientes embates judiciales se suman episodios como la entrega indiscriminada de amparos a favor de poderes fácticos que sabotean obras públicas y parasitan el erario, está claro que el Poder Judicial ha abandonado la imparcialidad que forma parte indisoluble de sus funciones para convertirse en trinchera de la oposición. Al seguir este camino, los jueces no atentan únicamente contra los legisladores morenistas y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino, principalmente, contra la soberanía inalienable del pueblo, tal como la establece el artículo 39 de la Constitución.
Para restituir la preeminencia de la voluntad popular, es ineludible concretar las reformas rechazadas ayer por nueve de los 11 ministros del máximo tribunal, junto con otras que fueron anuladas a contrapelo del espíritu democrático. De otro modo, el pacto político-judicial seguirá echando mano de triquiñuelas legaloides para mantener el orden legal heredado de un régimen derrotado en las urnas y repudiado por la fracción mayoritaria de la sociedad.
