Brasilia. El ex presidente Jair Bolsonaro enfrentó ayer el inicio de un juicio ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil, en esta capital, por “abuso de poder” durante su mandato (2019-2022), lo que podría inhabilitarlo políticamente ocho años.

La máxima corte electoral lo juzga, a pedido del Partido Democrático Laborista, por ataques proferidos contra el sistema de votación electrónico durante una reunión con embajadores en julio de 2022, tres meses antes de ser derrotado en las urnas por el progresista Luiz Inácio Lula da Silva. La acusación también incluye como prueba un borrador de un memorando encontrado en la casa de Anderson Torres, su ex ministro de Justicia, sobre cómo revocar las elecciones.

Después de tres horas de sesión, la Corte, integrada por siete jueces que deben emitir cada uno su voto, indicó que la audiencia continuaría la próxima semana, con sesiones para martes y jueves. El proceso jurídico podría extenderse durante meses si cualquiera de los letrados pide tiempo adicional para estudiar a profundidad el caso.

Bolsonaro, que defiende su inocencia, viajó a la sureña ciudad de Porto Alegre, donde fue arropado en el aeropuerto por decenas de seguidores y visitó una feria de transporte y logística. Antier, dijo en el Senado que esperaba que Benedito Gonçalves, juez principal en el caso, vote para mantener vivo su futuro político, pero reconoció que podría ser inhabilitado.

Paulo Gonet Branco, uno de los fiscales principales del tribunal, se pronunció a favor de la inhabilitación de Bolsonaro en su informe, que analizarán los jueces. El panel está integrado por magistrados del Supremo Tribunal Federal y dosjueces designados.

El abogado defensor comentó a la agencia noticiosa Reuters esta semana que el ex mandatario enfrenta un clima “desfavorable” ante los medios de comunicación, políticos y los jueces del país.

Según el informe de Branco, también engañó a los votantes acerca de una investigación de la Policía Federal de las elecciones de 2018 para denunciar que el sistema de votación no era confiable y presentó esa información a los embajadores el año pasado.

El Supremo Tribunal Federal indaga al ex mandatario por difundir detalles de esa pesquisa, a pesar de que se encontraba bajo secreto judicial.

El ex capitán del ejército, de 68 años, ha mantenido un perfil bajo desde que regresó de una estancia de tres meses en Estados Unidos el 30 de marzo pasado, tras dejar Brasil antes de la toma de posesión de Lula da Silva, el pasado 1° de enero, y del fallido golpe de Estado lanzado por sus militantes, siete días después. Sólo se ha mantenido activo en los bastidores políticos, con reuniones en Brasilia con los miembros de su Partido Liberal, mayoritario en el Congreso.

Si el TSE falla en su contra, podría verse imposibilitado de postular a cargos públicos hasta 2030. Puede que ese no sea el final de sus problemas, ya que también enfrenta varias investigaciones penales que podrían ponerlo tras las rejas. Su mandato quedó marcado por escándalos y crisis, desde la gestión de la pandemia de covid-19 hasta sus acusaciones sin pruebas de fraude electoral en los pasados comicios.

En otro orden, el presidente Lula da Silva consideró que el presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, juega “en contra de la economía” por mantener los tipos de interés en el nivel de 13.75 por ciento por séptima ocasión consecutiva tras la más reciente reunión de política monetaria de esta semana.

Tras conocer la decisión del banco central durante su viaje por Europa, el ex líder metalúrgico tildó de “irracional” lo que sucede en Brasil respecto de la tasa de referencia brasileña, y explicó que se trata de un problema que sufren los ciudadanos y los empresarios.

“Los bancos no prestan dinero porque nadie se lo puede permitir. Tenemos 72 por ciento de la sociedad brasileña que está endeudada, con algún pasivo por muy pequeño que sea”, lamentó.