Los vecinos que integran el comité promotor de revocación de mandato de Miguel Hidalgo exigieron al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) la revisión de firma por firma de manera pública y ante los medios de comunicación de las más de 51 mil que entregaron en mayo, tras refrendar que impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial la resolución por la que los consejeros locales rechazaron realizar el ejercicio de democracia directa.

Del total de firmas de apoyo para que se realizara la consulta, las autoridades electorales no validaron más de 19 mil, con lo que los residentes no alcanzaron las 32 mil rúbricas necesarias, correspondientes al 10 por ciento del padrón electoral.

Gustavo García, representante legal del comité promotor, dijo que “nosotros sí recabamos el número de firmas requeridas”, pero los consejeros dispusieron “una cadena de obstáculos y diseñaron todo para que no se realizara la consulta”, por lo que acusó que el IECM “actuó con premeditación y dolo en el proceso”.

García definió de grave que no se haya realizado la consulta, que “es una prueba de que la derecha y los sectores conservadores en la ciudad le tienen miedo a los ejercicios de democracia directa”.

Hace unos momentos, el pleno del Consejo General del IECM aprobó los acuerdos en los que se determina la improcedencia de las solicitudes de revocación de mandato y al determinar la existencia de firmas que se presentaron de personas dadas de baja por defunciones, 262 en el caso de Miguel Hidalgo y 102 en el de Xochimilco, el organismo dispuso dar vista a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la Fiscalía capitalina, “para que, en sus respectivos ámbitos de competencia lleven a cabo las acciones que en su caso correspondan”.

En la sesión, mientras que el representante del PAN, Andrés Sánchez, desacreditó el proceso en el caso de Miguel Hidalgo al llamarlo una “simulación”, el de Morena, Eduardo Santillán, lamentó que no fuera factible realizar el proceso “por un diseño institucional que más que promover, complica el ejercicio participativo” y se pronunció por revisar la ley para bajar el umbral del 10 por ciento de firmas de personas inscritas en el padrón de electores correspondiente e incrementar e tiempo para recabar firmas que fue de 38 días mientras que a nivel federal es de 90.