De los 653 acuíferos que hay en el país, 157 estaban sobrexplotados hasta el año pasado –42 más de los reportados en 2019–, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los mantos se encuentran sobre todo en el norte y sur de la península de Baja California, en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

A ellos se suma que hay 32 que presentan suelos salinos y agua salobre, mientras otros 18 están afectados por intrusión marina, explica el estudio Perspectivas del agua en México, elaborado por la Red del Agua, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Unesco y Agua Capital.

Precisa que los acuíferos concentran 20 por ciento del agua renovable, se convierten en sobrexplotados o dejan de serlo en función de la relación extracción y recarga. El otro 80 por ciento del agua renovable se encuentra en las cuencas.

La importancia del agua subterránea se manifiesta en la magnitud del volumen usado por los principales usuarios. En México, 39 por ciento de las concesiones procede de esa fuente.

Agrega que la explotación excesiva de aguas subterráneas en los 157 acuíferos sobrexplotados equivale a poco más de 10 por ciento de la recarga natural media anual. También por la magnitud de los acuíferos, considera conveniente explorar alternativas de gestión para la recarga natural comprometida.

Plantea que se requiere reconocer el potencial de cada región con la finalidad de generar una mayor eficiencia en el uso del líquido en la agricultura y el potencial de intercambio de aguas subterráneas extraídas para dicha actividad por aguas residuales tratadas.

Sumado a eso, en el país el grado de presión sobre el agua, es decir el volumen que se extrae contra la que se renueva, es bajo. Hay regiones como el valle de México que tienen un grado de presión muy alto, estima el reporte.

El incremento desmedido en la extracción de agua en las cuencas y mantos por la demanda de los distintos usos, sumado a las deficiencias en la gestión del recurso, el debilitamiento de las instituciones, la falta de planeación, políticas e inversiones adecuadas, la ausencia de incentivos para la eficiencia y los efectos del cambio climático, han generado un aumento significativo del grado de presión y falta de accesibilidad y disponibilidad del recurso hídrico.

Precisa que esto genera condiciones potenciales para conflictos y disputas sociales por el acceso al agua para los distintos usos.