El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone otorgar un amparo en contra de la utilización de recursos del erario para instalar nacimientos católicos en sitios públicos durante los festejos navideños. El proyecto de sentencia afirma que este tipo de actos lesionan la libertad religiosa y la pluralidad ideológica.

Se trata del amparo en revisión 216/2022, promovido por ciudadanos asesorados por una asociación civil. El caso inició hace dos años, cuando se presentó el recurso contra las autoridades de Chocholá, Yucatán, por la instalación de un nacimiento en el Palacio Municipal, utilizando fondos públicos, y que, además, se promocionó mediante un video en las redes sociales del ayuntamiento.

Para los quejosos, este acto de la autoridad viola la libertad religiosa.

“Reconocemos que una de las principales protecciones para ese derecho es la garantía de un Estado laico, para evitar que las autoridades en funciones de una manera directa o indirecta externen preferencia o promuevan una religión en específico”, señaló la queja en un comunicado de ese entonces.

El amparo fue sobreseído por el juzgado cuatro de distrito de Yucatán, debido a que, cuando se presentó, la instalación ya había sido removida, al terminar la época navideña.

Sin embargo, los quejosos pidieron que el caso fuera revisado por un tribunal colegiado, y que fuera atraído por la SCJN, situación que ocurrió dado que la ministra Norma Lucía Piña Hernández hizo suya la promoción.

El asunto fue asignado a González Alcántara, quien presentó ya su proyecto de sentencia, el cual será votado el 9 de noviembre en la primera sala. El ministro propone otorgar el amparo por considerar que la colocación de motivos religiosos en lugares públicos y con cargo al erario tiene un fin de adoctrinamiento.

“Más aun cuando sobre esta clase de actos estatales –fundados en la religiosidad– pesa la presunción fundada de que pueden estarse utilizando con el fin perverso de dominar la sique de una colectividad”, señala el proyecto.

La sentencia a analizar ordenaría al municipio de Chocholá que se abstenga en el futuro de colocar en espacios públicos signos que hagan alusión a religión alguna, y también prohíbe gastar en ello recursos públicos.

Además, “se ordena al ayuntamiento responsable adoptar las medidas que considere necesarias, en ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales, para promover el ejercicio de la libertad religiosa y, en vía de consecuencia, promover la pluralidad ideológica dentro del municipio.”

De ser aprobado, el fallo sólo tendría efectos para el municipio de Chocholá; sin embargo, la asociación quejosa ha promovido otros recursos similares contra las autoridades municipales de Mérida e Izamal, pues afirma que busca “generar precedentes a nivel nacional y plantear los alcances del Estado laico en la actualidad”.