En lo que va de esta administración, la Fiscalía General de la República (FGR) ha otorgado 934 criterios de oportunidad; es decir, que el Ministerio Público Federal se ha abstenido de ejercer acción penal en contra de quienes han cometido delitos. Entre los beneficiarios están el ex oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Emilio Zebadúa González, involucrado en el desvío de más de 5 mil millones de pesos en esa dependencia, y Gildardo López Astudillo, El Gil, uno de los líderes de Guerreros Unidos y señalado como partícipe de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Zebadúa se encuentra en libertad. Entregó información por la cual existe una orden de captura por delincuencia organizada, que no ha sido ejecutada, en contra de Rosario Robles Berlanga, titular de Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En el caso Iguala, la FGR ha concedido el beneficio a diversos integrantes o involucrados con Guerreros Unidos, entre ellos López Astudillo.

También lo recibió un ex policía de Huitzuco, cuyo nombre clave es “Damián”, y que aportó datos que llevaron a la identificación de mandos de la policía municipal de ese lugar, que ya derivaron en el arresto de Rodolfo Nava Ortiz, un agente que participó en el ataque a los integrantes del equipo de futbol Los Avispones, con saldo de tres fallecidos y varios lesionados.

Datos obtenidos por La Jornada mediante una solicitud de información pública refieren que en 2019 se otorgaron 272 criterios, el mayor número de beneficios establecidos en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales Federales. En 2020 fueron 254; en 2021, 263, y de enero a agosto de este año, 145.

La mayor parte de los criterios concedidos, 598 casos, se relacionan con delitos establecidos en el Código Penal Federal, según la respuesta de la FGR e información de funcionarios federales.

Los beneficiarios eran presuntos responsables de integrar organizaciones delictivas vinculadas al tráfico de drogas y lavado de dinero, que proporcionaron datos con los cuales se pudo identificar a otros inculpados o aportaron pruebas que fortalecieron indagatorias contra cabecillas regionales.

Los requisitos del beneficio

Estos criterios se otorgan una vez iniciada la investigación y previo análisis de los datos que consten en la misma, según la regulación. “Conforme a las disposiciones normativas de cada procuraduría, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido”.

La ley indica que estos criterios se otorgarán cuando “se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia”.

Sin embargo, hay excepciones, como la establecida en la fracción quinta del artículo citado: “Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer en juicio”.

Así, se han concedido beneficios legales a involucrados en casos considerados graves, como ocurre con Zebadúa, en contra de quien existe una orden de aprehensión como presunto copartícipe del desvío de más de 5 mil millones de pesos cuando Robles Berlanga fue integrante del gabinete presidencial.

Asimismo, en esta administración se concedió este beneficio a 187 personas que violaron “diversos ordenamientos”, sin que se precisara el tipo de delito cometido, pero que según funcionarios ministeriales son delitos ambientales, fraude y peculado, en los que repararon el daño.

Hay 11 casos en los que recibieron el beneficio involucrados en delitos electorales, 10 investigados por violación a la Ley Nacional de Instituciones de Crédito, siete más por violaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos (huachicol) y 33 personas que cometieron violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.