El programa de fertilizantes, que opera la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), no acreditó la forma en la que definió las zonas de atención estratégica y tampoco demostró que éstas fueron determinadas por ser localidades de alto y muy alto grado de marginación, indicó la segunda entrega de la auditoría de la cuenta pública 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Explicó que la auditoría de cumplimiento tuvo como fin verificar que el presupuesto de este programa, 2 mil 134 millones de pesos, se ejerció conforme a las disposiciones legales.

Entre los resultados detalló que la Sader no sustentó contar con los entregables y la documentación que acredite que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) realizó las actividades y obligaciones a las que se comprometió ejecutar y al que se le transfirieron 960 mil pesos, monto pendiente de justificar.

Apuntó que hasta julio pasado, la Sader carece de los finiquitos que den por concluidas y cumplidas las obligaciones por parte de las instancias ejecutoras del programa, que son Pemex, empresa a la que se compra los fertilizantes, y Segalmex, con la que suscribió un convenio de colaboración para la recepción, almacenamiento y entrega de este insumo al productor.

Agregó que los manuales de organización y procedimientos de la unidad administrativa responsable no contemplan las actividades y procesos que se realizan para la operación del programa, y existen guías y documentos que las indican, pero no están formalizados. En general, dijo, la Sader cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos mencionados.

La ASF aseveró que para el ejercicio 2021, de acuerdo con las reglas de operación del programa, se dio apoyo a los productores agrícolas de pequeña escala dedicados a la producción de cultivos prioritarios ubicados en Guerrero y zonas de atención estratégica de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

La ASF recomendó a la Sader establecer “las acciones necesarias para documentar las variables que utilice para la determinación de las regiones y/o zonas de atención estratégica por entidad federativa, las cuales deberán ser definidas en función de contribuir a mejorar la productividad agrícola con la finalidad de asegurar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y al cumplimiento de los objetivos del programa”.