El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil permitirá la consolidación de un eje político y económico entre gobiernos progresistas sudamericanos (Argentina, Chile, Bolivia y Perú) y México, con Andrés Manuel López Obrador como el personaje de esa corriente con mayor concentración de poder institucional (el propio Lula será impulsado a la moderación por los triunfos de la derecha en el Congreso y en varios gobiernos estatales) y con mayor probabilidad de continuidad institucional tras entregar el mando en 2024.

Los gobiernos progresistas sudamericanos viven, con diversos matices, pugnas internas, ineficacia política, presiones de grupos de poder fáctico y complicaciones económicas, de tal manera que el nuevo arribo de Lula al gobierno del gigante subcontinental constituye un estímulo, a pesar de que el propio cuadro brasileño se muestra complejo. La unidad política AMLO-Lula será importante en la promoción de planes latinoamericanos.

Para fines específicamente mexicanos, la victoria de Lula da Silva alentará que la candidatura morenista de 2024 esté más apegada a esos propósitos genéricos de izquierda y ayudará a López Obrador a sobrellevar con mejor acompañamiento las acometidas de la administración Biden (la más reciente, con la visita a Sonora de John Kerry, con un extraño manejo fotográfico e informativo de ese encuentro).

En otro tema: el presidente López Obrador escuchó en Sinaloa voces de protesta por la construcción de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, del municipio de Ahome. Del tema, de la conjunción de factores morenistas para forzar la instalación de esa planta (el presidente López Obrador, el gobernador Rubén Rocha Moya y el presidente municipal Gerardo Vargas Landeros: los tres niveles de gobierno, 3G), se ha escrito en anteriores entregas de esta columna: “Ohuira, operación de Estado”, https://bit.ly/3gXe3rp; “Ohuira, mañosa(s) consulta(s)”, https://bit.ly/3U3BFZO , y “En Topolobampo, la planta de la muerte”, https://bit.ly/3Wl0tOS.

“Aquí no”, es la consigna que reiteran quienes se oponen a esa demostrable imposición de los gobiernos morenistas, federal, estatal y municipal empecinados en hacer realidad un proyecto (ya de varios años atrás) de empresarios (sobre todo extranjeros) y políticos (sobre todo priístas y sus variantes ahora oportunamente usuarias del color guinda) que va a contrapelo de la realidad ambiental de la zona, de convenios internacionales sobre preservación de humedales y de la opinión de los habitantes que serían directamente afectados (aunque en una “consulta” tramposa se extendió el universo de “votantes” a comunidades aledañas, pero no susceptibles de afectación directa).

La explicación “macroeconómica” de tal imposición pasa por el explicable interés nacional en que se produzcan fertilizantes, sobre todo a la luz de los problemas mundiales de producción y distribución de alimentos. Lo discutible, y socialmente impugnado en Ohuira, reside en la localización específica de ese proyecto (por lo demás, señalado durante largos años con tufo a corrupción): una zona de obligada protección ecológica, a la que se pretende convertir en planta industrial de material contaminante.

“La planta va a realizar 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco que se van a instalar en tres tanques de 65 mil toneladas; imagínense vivir en un lugar con esos miles de toneladas almacenadas. No cierren los ojos, nosotros estamos en una bomba de tiempo”, dijo a reporteros Martha López, una de las activistas contra el citado proyecto industrial.

Las consultas sobre el tema han sido totalmente inducidas y tramposas. El gobernador Rocha Moya, y no se diga el presidente municipal Vargas Landeros, han hecho abierta campaña a favor de la planta, han ofrecido apoyos gubernamentales a quienes acepten su instalación y estigmatizan a los opositores como “responsables” de no permitir el desarrollo económico y el “interés nacional”. ¡Hasta mañana!

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