Cuernavaca, Mor., Madres buscadoras y colectivos instaron a autoridades de los tres niveles de gobierno y a las fiscalías a hallar a sus familiares, pues algunas llevan 14 años de rastreos sin éxito y el número de desaparecidos cada vez es mayor.

Desesperadas, cansadas, dolidas, enojadas y con lágrimas por no encontrar apoyo, las mujeres emplazaron a los funcionarios a que “si no tienen la capacidad para garantizar paz, seguridad y justicia en el país, renuncien a sus cargos”.

María Herrera Magdaleno, originaria de Michoacán y madre de cuatro hombres desaparecidos, dijo que tras 14 años de indagatorias llegó a la conclusión de que el responsable no sólo es el “crimen organizado”, sino también el “institucional”, que por omisión o colusión pasa por alto los delitos, dijo la activista en entrevista durante la tercera etapa de exhumaciones en la fosa común de Jojutla.

“Nuestros gobiernos siguen siendo irresponsables. No sólo fue el dolor del crimen organizado, sino también el institucional, porque desde ahí no se brindó seguridad ni justicia.”

Herrera demandó que “si las autoridades no pueden trabajar en favor de las víctimas, renuncien, porque antes de tomar sus cargos ya sabían de la violencia, la inseguridad y la injusticia que hay en el país.”

“Realizamos el trabajo del gobierno y las fiscalías; ellos están en los cargos, los buscan, los piden, y ya cuando están ahí no cumplen con su deber”, reprochó María, quien con familiares y colectivos formó la Red Nacional y la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas.

La rastreadora no se explica cómo los grupos delictivos desaparecen y asesinan a personas con total impunidad; cuando desaparecieron sus hijos, se responsabilizó al crimen organizado y a la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el ex presidente Felipe Calderón.

Sus hijos mayores, Raúl y Jesús Salvador, desaparecieron en la localidad guerrerense de Atoyac de Álvarez el 28 de agosto de 2008; los otros dos, Gustavo y Luis Armando, fueron vistos por última vez en el municipio de Poza Rica, Veracruz, en 2010.

Similares son los casos de las morelenses Angélica Rodríguez, quien busca a su hija Viridiana desde hace 10 años; Celia Cerón, a su hija Yéssica y a su nieto, y Tranquilina a su hija Mireya, desde hace ocho años.

A su vez, la buscadora Amalia Hernández exigió justicia por su sobrino Oliver Navarrete Hernández, secuestrado y asesinado en mayo de 2013. En 2014 fue enterrado por trabajadores de la fiscalía de Morelos como persona no identificada junto con otros 118 cuerpos en las fosas de Tetelcingo, pese a que sí fue reclamado.

La activista responsabilizó al fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, en caso de que algo le pase a ella o a alguna de las rastreadoras, pues al funcionario “le molestan” sus declaraciones.